Nuevo Fiscal General del Estado

7 vocales del CGPJ denuncian a Ortiz como «impedimento» para la independencia de Fiscalía

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Vocales del CGPJ cuestionan la imparcialidad de García Ortiz

Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han rechazado la propuesta del Gobierno para que Álvaro García Ortiz, la mano de derecha de Dolores Delgado, sea el próximo fiscal general del Estado creen que no cumple el requisito de «imparcialidad» que exige el cargo.

En un voto particular al dictamen, aprobado este jueves en el pleno del CGPJ, los vocales discrepantes ven un riesgo de que el poder ejecutivo influya en sus decisiones.

No dudan de que reúna las condiciones objetivas para el puesto, pero lo hacen copartípice de polémicas decisiones tomadas por Delgado y denuncian también su asistencia a actos vinculados al PSOE.

«Un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un Fiscal General del Estado«, afirman estos vocales, seis de los cuales suscribieron también un voto particular contra Delgado.

Se remiten a informaciones de prensa que, según explican, muestran que García Ortiz participó en un acto de la fundación del PSOE en Galicia en el que estaba también el candidato de ese partido a las elecciones gallegas, «generando inevitablemente una apariencia de apoyo a una opción partidista incompatible con la neutralidad política que cabe esperar de un miembro del Ministerio Fiscal».

A su entender, se crea una «apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad» de la Fiscalía.

Recuerdan estos vocales que, además de promover la acción de la justicia, el fiscal debe velar por la independencia de los tribunales, un papel garante que exige que quien lo ejerza sea «impermeable a influencias externas indebidas».

El acuerdo aprobado por el pleno del CGPJ recoge que se cumplen los requisitos exigidos para el cargo por la legislación vigente, que establece que el fiscal general debe ser un jurista de reconocido prestigio con al menos quince años en la carrera.