Represión en Nicaragua

El dictador Ortega incrementa las detenciones de opositores y candidatos presidenciales

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Una nueva detención política en Nicaragua amparada en la Ley 1055, poco después de que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobara, con 26 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, la resolución denominada “La Situación en Nicaragua” para exigirle al presidente Daniel Ortega “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”.

En Nicaragua, el clima de represión y persecución política se ha convertido en rutina para el régimen dictatorial de Daniel Ortega y la Policía Nacional. Durante la noche del martes al miércoles, los funcionarios arrestaron al presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Alberto Rivas Anduray. Los motivos de su detención operan bajo la misma lógica que los doce arrestos anteriores y están amparados por la nueva normativa 1055, Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Rivas Anduray, según comunicó la Policía oficialista, habría realizado actos para «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares» contra el Ejecutivo sandinista de Ortega, penalizados con dicha norma.

Según el comunicado policial, el banquero también está acusado por «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones».

Por su parte, Banpro, una institución financiera que se dedica a realizar pagos de multas de tránsito, adscritos a la Policía Nacional, pagar nóminas del Estado y la pensión a los jubilados, entre otros, todavía no se ha pronunciado respecto al arresto de Rivas.

La detención del banquero suma un nuevo arresto político y se sucede el mismo día que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprueba una resolución para la liberación de los presos políticos. Fueron 26 de los 34 países miembros activos de la OEA los que apoyaron el martes la iniciativa que, en forma de resolución, le exige al Gobierno de Nicaragua parar con tantas arbitrariedades políticas y en detrimento de los derechos humanos.

Antes de la votación de la resolución llamada «La Situación en Nicaragua», la OEA condenó el encarcelamiento de cuatro opositores aspirantes a la presidencia de este país y exigió garantías de libertad y justicia para los comicios de noviembre de este año.

Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú fueron los que más apoyaron la resolución que logró superar con una amplia mayoría la barrera de 18 votos que necesitaba para ser aprobada.

Por su parte, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas votaron en contra, mientras que cinco países se abstuvieron de participar: Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina. A través de un comunicado, estos dos últimos países manifestaron su “preocupación” por la detención de figuras políticas de la oposición, aunque se mostraron en contra de intervenir en los asuntos internos de Nicaragua.

Ortega aspira a una tercera reelección consecutiva

En los últimos días, el mundo ha sido testigo de una serie de detenciones de políticos nicaragüenses por parte del Gobierno de Daniel Ortega. la represión política se ha disparado en Nicaragua, cuyo dictador actúa con total impunidad y sin tapujos.

Los opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, todos precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre, están actualmente bajo arresto.

A la lista de opositores tras las rejas se suma Daysi Tamara Dávila Rivas, hija de un militar retirado, así como los líderes y críticos del Gobierno, Violeta Granera, José Pallais y José Adán Aguerri.

Además, el pasado fin de semana también fueron detenidos seis disidentes sandinistas, incluidos los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, y el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Las autoridades nicaragüenses han dado rienda suelta a las detenciones bajo el amparo de la estratagema política para evitar opositores contenidas la nueva «ley para la defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz» aprobada en diciembre de 2020 con clara intencionalidad electoral.

Dicha legislación asegura que los llamados “Traidores a la Patria”, dice el texto, “no podrán optar a cargos de elección popular”.

La consecuencia lógica de el disparate legal es el reguero de detenciones arbitrarias, justo cuando Ortega busca garantizar su tercera reelección consecutiva. Cuando un dictador de izquierdas llega al poder ocurre siempre lo mismo.