Abogado general del TJUE da la razón a Llarena y abre la vía para entregar a Puigdemont

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El estado de Derecho carece en España de deficiencias sistémicas

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, ha dado la razón al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y ha abierto la vía para la ejecución de la euroorden por sedición y malversación contra Carles Puigdemont y sus exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, fugados en Bélgica desde octubre de 2017.

De La Tour sostiene que Bélgica no puede denegar la entrega de Puigdemont basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo si no se demuestran deficiencias sistémicas en el sistema judicial de  España. Tanto la Comisión Europea como Bélgica han reconocido que en España no existen tales deficiencias.

«Si no existen deficiencias de tal naturaleza, no cabe fundar una denegación de la ejecución en la alegación de que el tribunal emisor carece de competencia para dictar esa orden y para enjuiciar a la persona reclamada», dice el dictamen.

El abogado general del TJUE sostiene que Puigdemont y sus exconsellers fugados en Bélgica «tienen a su disposición vías de recurso en el Estado miembro emisor (España) al objeto de que se controle, hasta el nivel del Tribunal Constitucional, la observancia de ese derecho fundamental» a un proceso equitativo.

Desconfianza hacia un estado miembro

Si no hay riesgos sistémicos en el funcionamiento del sistema judicial en España, la comprobación en profundidad del juez belga de la presunta existencia de un riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo «no sería sino la expresión de una desconfianza hacia los tribunales de ese Estado miembro, contraria a los principios de confianza y de reconocimiento mutuos que forman los cimientos» de la euroorden.

Finalmente, el abogado general apoya que Llarena pueda emitir una nueva euroorden contra Lluis Puig. «El objetivo de luchar contra la impunidad aboga efectivamente en favor de la posibilidad de que se emitan contra la misma persona varias órdenes de detención y entrega dirigidas a la misma autoridad judicial de ejecución al objeto de procesarla penalmente o de ejecutar la pena que se le haya impuesto», asegura.

«Imponer un límite al número de euroórdenes que pueden librarse supondría poner en entredicho la efectividad del sistema de cooperación judicial y debilitar los esfuerzos encaminados a sancionar de manera efectiva las infracciones dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia».

El dictamen del abogado general no es vinculante, pero el TJUE sigue sus recomendaciones en el 80% de las ocasiones.

Si la sentencia, que ya es vinculante, sigue los criterios del Abogado General, Bélgica estará obligada a entregar a Puuigdemont.

El Tribunal de Apelación de Bruselas denegó la entrega con el argumento de que el Tribunal Supremo no era el competente para examinar su caso y de que se había vulnerado el riesgo a la presunción de inocencia. La justicia belga esgrimió en su fallo un dictamen de un grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, altamente influenciado por los abogados de los independentistas,  sobre los casos de  de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras.