Ya no cuela

Aborto y vacunas, por Carlos Esteban

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En la polémica del aborto ya se ha dicho todo, pero creo que se insiste poco en su aspecto más misterioso y, al mismo tiempo, evidente, que es el que más llama mi atención. Me refiero al hecho de que sus partidarios rara vez o nunca defienden directamente en los debates el procedimiento en sí, sino más bien su posibilidad. De ahí que rechacen la etiqueta de ‘proabortistas’ y prefieran la de ‘prochoice’, esto es, pro libre elección. Pero en la práctica actúan en sentido contrario. Me explico.

Cuando en un país el aborto está prohibido, o cuando la oposición a este procedimiento alcanza en una población determinada masa crítica, los abortistas, en su estrategia de ‘mota y castillo’ (ver Quintana Paz), suelen alegar que, naturalmente, abortar no es un plato de gusto para la mujer, cada aborto es una tragedia y debemos luchar por que el aborto sea, en palabras de Bill Clinton, “escaso, seguro y legal”. No es que no sea un mal, pero prohibirlo produce un mal mayor.

El movimiento se aprovecha, además, del horror que el mundo de hoy, nacido del 68, tiene a dos palabras: “obligatorio” y “prohibido”. Sabiamente usadas son mano de santo en el debate público. Por eso los gobiernos han aprendido a prohibir de hecho sin prohibir de derecho, y en obligar sin incluir una orden en sus códigos. Lo estamos viviendo todos en este régimen universal pandémico de nuestros pecados. Vacunarse no es obligatorio todavía en ninguna parte (en Austria lo será, presuntamente, a partir de febrero), es decir, no es delito no vacunarse, por la sencilla razón de que habría que darle la vuelta a un montón de códigos y principios jurídicos y, sobre todo, los gobiernos se harían directamente responsables de cualquier eventualidad negativa. Así que se limitan a forzarte impidiéndote llevar una vida normal, y el equivalente a Dresde y Colonia en bombardeo mediático.

Y ahí está el misterio. Si el aborto es un mal (y, aunque solo fuera con la pavorosa crisis de la natalidad, socialmente dispartado), aunque no se penalice en el código, ¿por qué no se hace nada para disuadirlo? ¿Por qué no hay planes nacionales que prevean alternativas, ayudas, campañas de concienciación?