La Fiscalía se opone a García Castellón

Anticorrupción no quiere que el Supremo investigue a Pablo Iglesias

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La Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición de que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por el “caso Dina”. En un informe remitido a la Fiscalía General del Estado, recomienda que la investigación no siga adelante.

El juez García Castellón elevó una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la condición de aforado del vicepresidente y diputado Pablo Iglesias. En este escrito, solicitó que se investigue igualmente a Dina Bousselham y a la expareja de ésta. Además, el magistrado solicitó que se investigue también a la dirigente de Podemos y vicepresidente del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, así como  a los abogados del mismo partido, Raúl Carballedo y Marta Flor Núñez, al parecer, relacionada con uno de los fiscales del caso.

El procedimiento para poder juzgar a Pablo Iglesias debe pasar por la fiscalía, presidida por Dolores Delgado, ex Ministra de Justicia, y llegar hasta el Congreso de los Diputados donde los grupos se tendrían que pronunciarse mediante suplicatorio acerca de la decisión de juzgar o no al líder bolivariano.

El primer paso para la imputación de Pablo Iglesias es la exposición razonada; luego, será la Sala de admisión de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo la que dará traslado de la misma a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre si procede la admisión a tramite o no. En ese momento caben dos opciones, la primera, que se pronuncie la propia Fiscal General del Estado y ex ministra, Dolores Delgado, y la segunda que, tratándose de un miembro del gobierno del que ella misma formó parte, esta se inhiba y sea el Teniente Fiscal Navajas quien se pronuncie. En tal caso, hay que tener en cuenta que a Navajas le quedan dos meses para cumplir la edad de jubilación forzosa. Si emitiera en dicho plazo el preceptivo escrito, dado que éste no tiene carácter vinculante, la última palabra la tendría en todo caso el Tribunal Supremo, que puede seguir el criterio de la Fiscalía o apartarse de él.