Duro comunicado de los Jueces

Asociaciones de jueces contra la ponencia de un miembro de la asamblea del Consejo de Europa

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Tres asociaciones de jueces de España han mostrado su rechazo a un proyecto de resolución del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que, a su juicio, pone en entredicho la objetividad del Poder Judicial español y, en concreto, el juicio y la sentencia del «procés».
Lo primero que debe aclararse es que dicha asamblea no tiene nada que ver con la Unión Europea, no en un órgano de la Unión. Es una asamblea en la que se integran diputados y senadores de todos los países miembros del Consejo de Europa con sede en Viena (insistimos: no tiene nada que ver con el U.E.), celebra reuniones un par de veces al años, en una ciudad europea, a la que viajan grupos de diputados nacionales y participan en sus sesiones. Cada diputado, del país que fuera, puede presentar una iniciativa en la materia que quiera. Su valor jurídico es nulo y su peso político marginal.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado conjunto tras haber tenido conocimiento de este proyecto que se someterá el próximo lunes a la consideración de la citada asamblea parlamentaria.

Estas organizaciones advierten de que el proyecto «viene a reprobar que los políticos sean enjuiciados por manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones».

Las asociaciones aclaran que les merece «pleno rechazo que los políticos y cualquier ciudadano puedan resultar perseguidos por exteriorizar sus opiniones políticas» pero entienden que el texto del citado comité «realiza afirmaciones que ponen en entredicho la objetividad y transparencia del poder judicial en España y su compromiso de garantizar la libertad y los derechos fundamentales».

Lamentan que el texto equipare a España y Turquía, «países cuyos regímenes políticos y situación del Estado de derecho y garantías democráticas difieren de manera rotunda sin que sea preciso abundar en las diferencias por su carácter patente y conocido«.

También critican que se presente la actuación de los condenados por delito de sedición por su participación en el proceso de independencia de Cataluña «como una mera discordancia política abordable desde el ámbito del debate político».

A juicio de estas organizaciones judiciales ello refleja «un desconocimiento de la lesión a bienes jurídicos esenciales como son la paz pública, la seguridad ciudadana y la recta administración de fondos públicos».

Añaden que el proyecto da por sentadas situaciones que divergen de los hechos probados que se establecen en la sentencia del Tribunal Supremo del procés, «dictada con escrupuloso respeto a todas las garantías de un proceso justo».

Recuerdan que además la sentencia ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional, «que ha ratificado sus fundamentos y la ausencia de lesión al derecho de libertad de expresión e ideológica que se da por supuesto en el proyecto».

«El proyecto en suma hace suyas unas posiciones que son las que desde el inicio del proceso sostuvieron los políticos catalanes condenados como parte de la campaña de desprestigio a los órganos judiciales españoles en previsión de la condena que vislumbraban segura», denuncian.

Agregan que «poner en cuestión la calidad de la democracia en España y la labor de los tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos, constituye una falacia que debe ser reparada».

Por ello las citadas asociaciones judiciales instan al Gobierno a que despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto por ser «injusto y afrentoso para uno de los poderes del Estado».

Además, piden a los partidos políticos con representación en la Asamblea del Consejo de Europa «que expongan con claridad que el mismo se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España» y al Consejo General del Poder Judicial que denuncie sus «falsedades e inexactitudes».