Otra imputación para Ada Colau

La Audiencia de Barcelona ordena imputar a Colau por coaccionar a empresas

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La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, por los delitos de coacciones y prevaricación al presionar supuestamente a un fondo de inversión para que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la «amenaza» de no concederle licencias de obras.

En un auto, adelantado por Metrópoli Abierta-Crónica Global y al que ha tenido acceso Efe, la sección octava de la Audiencia de Barcelona, en contra del criterio de la Fiscalía, ordena investigar la querella que el fondo inversor Vauras Investments S.L. presentó contra Colau (BComú), los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una técnica del área de vivienda y que el juez instructor había rechazado al no apreciar ninguna infracción penal.

La Audiencia revoca parcialmente la decisión del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona y acuerda la admisión a trámite de la querella presentada por Vauras, aunque solo por los delitos de prevaricación y coacciones, pero no por los de tráfico de influencias, cohecho, usurpación de atribuciones y negociaciones prohibidas a funcionarios que también planteaba el fondo inversor, a quien el consistorio de Colau califica de «fondo buitre».

En opinión de la sala, de ser ciertos los hechos que relata la querellante, podría ser delictiva «la conducta consistente en compeler ilegítimamente» al fondo inversor para forzarle a ceder inmuebles para alquiler social, utilizando para ello como «mecanismo intimidatorio» la amenaza de no concederle licencias de obras o no desbloquear las que ya tenía paralizadas.

La Audiencia asegura en su auto que no cuestiona la «facultad» y la «competencia» del Ayuntamiento de Barcelona para «fomentar la consecución de viviendas de alquiler social para preservar la función social de la propiedad, en línea con lo que establece la normativa emanada del Parlament para afrontar la emergencia existente en estos tiempos en el ámbito de la vivienda».

«Lo que se censura en la querella y sería repudiable penalmente, de ser cierto, es que, para conseguir esas cesiones de vivienda para fines sociales se presione a los tenedores de inmuebles con paralizarles licencias de obras y con causarles perjuicios, en suma, si no acceden a esa pretensión del Ayuntamiento», remarca el auto.

Respecto al delito de prevaricación, la Audiencia considera que se tiene que investigar si es cierto, como sostiene la querella, que el Ayuntamiento incurrió en prácticas «supuestamente arbitrarias» para, de forma «ilegal», paralizar obras ya empezadas en algunas de las propiedades de fondo inversor, al amparo de licencias parciales, exigiendo el permiso de rehabilitación integral.

En marzo de 2020, la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, una de las querelladas, había anunciado que el Ayuntamiento sancionaría a Vauras Investments, con sanciones que podían llegar hasta el medio millón de euros, tras el deshaucio del bloque Llavors del barrio del Poble Sec, propiedad de este fondo.

El Ayuntamiento concluyó que Vauras Investments había cometido seis faltas por cada una de las seis familias del bloque, situado en la calle Lleida 38, que habían sido desalojadas y a las que el fondo no había ofrecido un alquiler social.

Martín aseguró entonces que el Ayuntamiento no tenía una voluntad recaudatoria, sino que su objetivo era «obligar a estas grandes propietarias que han contribuido al problema de la emergencia habitacional a corresponsabilizarse y ofrecer soluciones, que pasan por el alquiler social».

De hecho, en la querella se aportaba un recorte de prensa con esta comparecencia de Martín, en la que, según el fondo inversor, la concejal había reconocido «abiertamente» el apoyo del Ayuntamiento «al movimiento okupa» y la «realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social».

«Se hace pues preciso indagar la realidad de esa imputación, que sí reviste apariencia delictiva», apunta la Audiencia, por lo que ordena al juez instructor que cite a declarar como investigados a los querellados, así como a los testigos «que pudieran arrojar luz sobre lo acontecido».