Corrupción en Cataluña

Borrás dice ser víctima «de una persecución política» y se niega a dimitir

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La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmado este jueves que se siente víctima de una «persecución política», que es inocente de los delitos que se le acusan y que no dimitirá de su cargo al frente de la cámara catalana.

Borràs ha comparecido la tarde de este jueves en la sede de JxCat junto al secretario general del partido, Jordi Turull, el mismo día en el que ha trascendido que la Fiscalía pide para ella seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 146.000 euros por adjudicar presuntamente a dedo a un amigo 18 contratos menores entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

«No he cometido nunca, lo he dicho, ningún delito, y pienso luchar hasta la extenuación para defender mi inocencia», ha afirmado la presidenta del Parlament, que ha agregado que es la «desproporción» de las penas lo que explica, a su juicio, porque se trata de un caso de «persecución política».

Borràs ha reclamado, en un mensaje velado a ERC y CUP, que no haya «cómplices» de su «condena política»: «No he pedido nunca que se me absuelva, lo que pido es que nadie me condene antes de ser juzgada».

La presidenta del Parlament ha dicho no sentirse interpelada por el artículo 25.4 del reglamento del Parlament ya que dice no haber cometido «ningún delito de corrupción ni de ningún tipo».

En las últimas semanas, Borràs ha defendido la supresión del artículo 25.4 del reglamento de la cámara, que reza que se debe suspender a los diputados a los que se ha abierto un juicio oral por delitos vinculados a la corrupción, porque «presenta un problema democrático».

«Espero que los compañeros que tengo en la mesa sepan perfectamente qué es lo que tienen que hacer», ha afirmado Borràs al respecto.

Según ha dicho, Borràs no ha recibido personalmente ni por parte de sus abogados la notificación de Fiscalía, que se ha hecho pública minutos antes de que participase en la toma de posesión de Esther Giménez-Salinas como nueva Síndica de Greuges, un acto al que ha asistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

La presidenta ha indicado que Aragonès no le ha hecho hasta ahora ningún comentario al respecto. Por su parte, Turull ha trasladado a Borràs y a su familia el apoyo «granítico» de JxCat y su militancia.

La Fiscalía pidde seis años por adjudicar contratos a dedo

La Fiscalía pide seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 146.000 euros para la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por adjudicar presuntamente a dedo a un amigo 18 contratos menores entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En su escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía acusa a Borràs, presidenta de JxCat, de los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil por fraccionar contratos de la ILC para poder adjudicárselos a su amigo Isaías H. sin concurso público.

Por el contrario, el ministerio público la exculpa de los delitos de fraude y malversación de fondos públicos por los que la procesó el TSJC, que podrían haber disparado las penas de prisión.

La Fiscalía razona en su escrito que no está acreditado que los trabajos informáticos que el amigo de Borràs llevó a cabo en virtud de los 18 contratos adjudicados «tuvieran un coste inferior al realmente satisfecho por la Institució de les Lletres Catalanes», con lo que descarta el perjuicio al erario público que exige el delito de malversación.

El escrito de acusación solicita la misma pena de Borràs para Isaías H., a quien la presidenta del Parlament conocía por su relación profesional previa en la Universidad de Barcelona -era profesor de un máster y un postgrado que ella dirigía- y porque ambos formaban parte de un grupo de investigación en estudios literarios y tecnología digital.

En cambio, pide el sobreseimiento para Roger E., trabajador de la ILC que estaba investigado por facilitar las irregularidades en la contratación y que hace unas semanas se abrió a colaborar con la acusación y entregó al TSJC unos audios de whatsapp y un informe de la Intervención General incriminatorios para Borràs.

Para Andreu P., quien elaboró facturas para Isaías H. que presuntamente permitieron enmascarar las irregularidades en la contratación, la Fiscalía solicita tres años de cárcel, diez de inhabilitación y multa de 30.000 euros.

Las inhabilitaciones que plantea la Fiscalía impedirían ejercer cualquier cargo público en la administración local, comarcal, provincial, autonómica y estatal.

«Abusó de sus funciones»

En concreto, la Fiscalía acusa a Borràs de ponerse de acuerdo con Isaías H. para fraccionar de forma «ilegal» la contratación de la ILC para adjudicarle 18 contratos menores correspondientes a trabajos informáticos, por un valor total de 335.700 euros, mediante «presupuestos comparsa» elaborados «falazmente» por personas interpuestas para encubrir que su amigo era el adjudicatario.

Según las fiscales del caso, entre marzo de 2013 y febrero de 2017 Borràs, «con abuso de sus funciones» como directora de la ILC, aprobó el gasto y acordó la adjudicación de estos 18 contratos menores «sin justificar que se tratara de la propuesta más ventajosa», ya que «era plenamente conocedora» de que detrás de ellos «se escondía» su amigo Isaías H.

Todo ello «con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública» y «siendo perfectamente conscientes» de que con su manera de actuar «infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa» e impedían que la gestión del servicio «pudiera ser adjudicada a otra persona».

Con el fin de «ofrecer una apariencia fingida» de «respeto» por los principios de publicidad y pública concurrencia y de «ocultar su actuación ilícita», añade la Fiscalía, Borràs e Isaías H. «pactaron» que en cada uno de los expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, dos de los cuales no eran «ofertas reales» sino «presupuestos comparsa» elaborados «falazmente».

Estos «presupuestos comparsa» les confeccionaban, según el ministerio público, la propia Borràs, Isaías H. y el también acusado Andreu P.M., «con el propósito de simular que la adjudicación se hacía al mejor licitador» y «enmascarar» así el fraccionamiento ilegal» de los contratos.

El origen, una investigación de los mossos por narcotráfico

La causa judicial se inició a raíz de una investigación por tráfico de drogas a Isaías H. -que le acarreó en 2019 una condena a cinco años de cárcel por tráfico de drogas y falsificación de moneda-, en la que los Mossos d’Esquadra intervinieron conversaciones y correos electrónicos que aludían a Borràs.

«Porque yo tengo una de marrones, buff (…). Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, y facturo unos trapis por allí», afirmaba en 2017 Isaías H., en un mensaje en el que expresaba su temor a que su amiga dejara la ILC.

También intervinieron un correo de la propia Borràs: «El presupuesto tiene que quedar como si fuéseis profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente».

La causa recayó en la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que la elevó al Tribunal Supremo cuando Borràs fue elegida diputada de JxCat en el Congreso, aunque acabó en manos del TSJC, una vez fue elegida presidenta del Parlament.

Pese a que fueron los Mossos los que iniciaron la investigación, la juez instructora los apartó en 2019 y los relevó por la Guardia Civil, después de que Borràs afirmara en una entrevista televisiva que el entonces conseller de Interior, Miquel Buch, le había dicho que no se la investigaba a ella.

En sus últimas comparecencias públicas, Borràs ha defendido su inocencia, ha asegurado que no tiene intención de dimitir y ha abogado por «anular» el artículo 25.4 del Parlament, aprobado en 2017 a instancias de los partidos independentistas y que obliga a suspender a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por delitos vinculados a la corrupción.