Castillo Calvín: «Son las leyes las que acaban moldeando a la opinión pública»

José Miguel Castillo Calvín, doctor en Derecho y abogado experto en objeción de conciencia.José Miguel Castillo Calvín, doctor en Derecho y abogado experto en objeción de conciencia.
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– Usted se ha especializado como abogado en el derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué es tan importante?

Hoy en día se nos presentan una diversidad de supuestos en que la norma impone conductas que entran en grave colisión con la conciencia individual o las convicciones más profundas de la persona. Los ejemplos son muchos: investigación con células madre embrionarias, manipulación genética, aborto y, como ejemplo destacado y muy reciente, la eutanasia.

Concretamente la Ley Orgánica que regula la eutanasia, como en su día hizo la ley que regula el aborto, crea un nuevo derecho personal exigible que se garantiza como prestación sanitaria en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y con financiación pública que, además, deberá ser atendido por personal sanitario. Y llegamos a una situación así, porque se está transformando de manera radical y vertiginosa el concepto de unos Derechos Humanos cada vez más alejados del Derecho Natural, que de la mano del legislador convierten lo que antes se consideraban prácticas inmorales y, por tanto, prohibidas, en auténticos derechos de los ciudadanos de los que derivan obligaciones personales y, en la mayoría de los casos, también, exigencias profesionales.

De aquí la importancia de la objeción de conciencia que, como acertadamente ha señalado algún autor, consiste en desoír la voz del legislador para oír la voz de la propia conciencia.

– Usted se ha referido al derecho natural, también hablamos de la autonomía de la persona y el respeto a la conciencia individual que parece que no casa muy bien con las legislaciones cada vez más totalitarias. ¿Hay espacio para protegerlas en nuestro sistema actual?

Lejos de quienes consideran que se trata de un simple desacuerdo o desprecio a la ley, y que su ejercicio cuestiona la idea del Estado, amenaza la autoridad y el orden público, o bien ataca la esencia misma de la democracia, el reconocimiento de un derecho que permita ajustar los comportamientos personales a las propias convicciones resulta plenamente compatible con una sociedad plural, tolerante, moderna, alejada del conformismo y comprometida con la firme defensa de las libertades fundamentales, pues la objeción de conciencia, a pesar de ser desobediencia al derecho es, al mismo tiempo y sobre todo, la mejor garantía, a veces la única, con la que cuentan los ciudadanos para proteger su libertad individual frente a la acción del poder público.

– Uno de sus mayores logros en este campo fue el que se respetara esa objeción de cara a la venta de productos abortivos en farmacia. ¿Eso sigue vigente y sin ningún obstáculo jurídico?

La Sentencia del Tribunal Constitucional 145/2015, de 25 de junio, fue la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de exponer su criterio acerca de la colisión entre la obligación de dispensación y el ejercicio de la objeción, reconociendo el ejercicio de la objeción por parte de los profesionales de la farmacia tras la comercialización de productos con posibles efectos abortivos.

Con ella, el Tribunal Constitucional recupera con toda fortuna el planteamiento que sobre la objeción de conciencia sanitaria de los médicos al aborto había adoptado en el año 1985 y que ahora, treinta años después, hace extensivo a los farmacéuticos. De esta manera, vincula la objeción de conciencia al derecho a la libertad ideológica y religiosa, y otorga la tutela constitucional también a aquellas modalidades de objeción que no hubieran sido objeto de un expreso reconocimiento legal. Además, supone un importante respaldo al valor normativo de los estatutos colegiales. 

Por tanto, es una sentencia muy importante que vincula a nuestros tribunales de justicia, que no pueden dictar resoluciones que resulten contrarias a esta doctrina constitucional.

Así como se protegió la libertad de conciencia con la venta de productos abortivos,  ¿se podría plantear esta objeción con la venta de hormonas, por ejemplo, a menores de edad?

Sí, la objeción de conciencia es una opción personal. Surge cuando esa imposición genera un conflicto a nivel individual, en este caso con un profesional de la farmacia. Con el mismo argumento que se puede producir con la sentencia que hemos hecho referencia en 2015, que es en lo referida a la venta de productos abortivos, se podría dar si se encuentra con una fundamentación seria y rigurosa. Tiene que tener una justificación profunda y arraigada en consideraciones morales y éticas.

En ese caso, entiendo que no habría ningún problema para que los tribunales volvieran a dar la razón a los farmacéuticos. 

– Quizás, atendiendo a la objeción de conciencia, ¿es por eso por lo que en la mayoría de los casos se deriva a médicos privados para practicar el aborto? Es un negocio más, desgraciadamente, y ahí entra la libertad de empresa, por así decirlo.

Entiendo que, efectivamente, la razón por la que se deriva a los hospitales concertados la práctica de aquellos abortos que no se realizan en hospitales públicos es, precisamente, porque son muchos los profesionales sanitarios directamente implicados en su realización que han esgrimido la objeción de conciencia. Y en este punto conviene destacar que la objeción debe responder siempre a una actitud coherente, es decir, que el profesional sanitario que invoca su derecho en relación a una determinada prestación en la sanidad pública no puede luego adoptar por razones de pura conveniencia un criterio diferente en el ejercicio privado de su actividad, en lo que se ha venido denominando como “objeción de mañana y tarde”. 

– A raíz de esto, ¿existe un seguimiento de las personas que se acogen a esta objeción para estudiar si hay incoherencia en sus actitudes?

La única obligación que tienen los objetores es la de comunicar su decisión formalmente por escrito y debe de constar en un registro que se encuentra amparado por la normativa de protección de datos.  

– El jueves pasado, el parlamento europeo aprobó el aborto como un derecho universal. Es una absoluta barbaridad. Incluso el grupo socialdemócrata pretende tildar la objeción de conciencia como “denegación de la atención médica”. ¿Qué opina de todo esto? ¿No se están confrontando unos neo derechos con el derecho primario a la vida?

Efectivamente, el Parlamento Europeo ha instado a los países miembros de la Unión Europea a despenalizar el aborto y considerarlo como un derecho humano. No podemos olvidar que el Parlamento Europeo es un órgano de naturaleza política y, como tal, no es ajeno a esa agenda globalizadora que pretende instaurar un nuevo orden social contrario a nuestra cultura de raíces cristianas. En todo caso, se trata de una resolución no legislativa y, como tal, ni resulta vinculante ni obliga a los ciudadanos.

Y lo que sí resulta vinculante para todos, también para nuestros tribunales a la hora de interpretar el sentido y alcance de los derechos fundamentales, es que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, tal y como viene reconocido entre otros acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el derecho a la vida es un derecho inviolable inherente a toda persona, y que la misión de la medicina es aliviar el dolor y salvar vidas, resulta incomprensible que una actuación destinada a provocar la muerte o ayudar al suicidio pueda considerarse un acto médico. Al contrario, son acciones que debemos entender opuestas naturalmente a la deontología profesional y que tampoco se corresponden con la buena praxis médica.

– La cultura de la muerte se expande con la eutanasia. ¿Existe la objeción en este caso?

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de eutanasia reconoce expresamente la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de la eutanasia, por lo que este derecho se encuentra legalmente reconocido y garantizado.

Sin embargo, la ley no concreta quienes son los profesionales que están “directamente implicados” en la “realización” de la eutanasia. Así, por ejemplo, los médicos de atención primaria tienen encomendadas las tareas de información previa y derivación que, en esencia, son actos clínicos imprescindibles y relacionados con la eutanasia, pues forman parte del procedimiento previo. Por tanto, también deberían estar amparados por el derecho a la objeción.

Y si bien la objeción de conciencia es un derecho individual y personal, no podemos olvidar que las personas jurídicas, como titulares de derechos fundamentales, también pueden ejercitar la objeción institucional con la misma cobertura constitucional que, para la objeción de conciencia, brinda el artículo 16 de la Constitución, como expresamente así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en relación con centros docentes privados e instituciones sanitarias. No se trata de una objeción de conciencia en sentido estricto -porque tal solo pueden tener conciencia las personas físicas-, pero sí basada en un ideario de naturaleza corporativa, cuando las entidades defiendan una determinada opción ideológica, filosófica o religiosa incompatibles con estas prácticas. Y así lo están haciendo ya de forma coherente los centros sanitarios que regentan las principales órdenes religiosas en nuestro país.

– ¿Qué puede hacerse legalmente para combatir ambos crímenes, por mucho que lo vendan como el derecho a interrumpir el embarazo o a morir dignamente?

Decía el ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez en la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que la “La sociedad debe marchar como la naturaleza, gradualmente y no a saltos: los progresos jurídicos deben irse eslabonando, si han de encarnar en las costumbres del país». Desgraciadamente, en la actualidad contemplamos que las cosas ya no suceden así. La sociedad marcha a saltos, muchas veces para atrás, y las leyes ya no son un reflejo de la sociedad, sino que, al contrario, son las leyes las que acaban moldeando a la opinión pública. Frente a esto resulta evidente que como miembros de la sociedad civil tenemos mucho por hacer, empezando por no admitir que se nos manipule, que se nos impongan ideologías totalitarias y liberticidas. 

En definitiva, hay mucho espacio para trabajar por una sociedad más justa, que recupere el valor de la vida como un bien superior, y trabajar para que cualquier persona que viva con sufrimiento pueda acceder a unos cuidados paliativos que le permitan aliviar ese sufrimiento y vivir con dignidad, sin considerarse una carga para su familia o para la sociedad. 

– Una de sus acciones ha sido crear una fundación para defender el derecho a la objeción de conciencia. Explíquenos cuál es la labor que realizan.

Precisamente el pasado viernes, el mismo día en que entró en vigor la ley reguladora de la eutanasia, se cumplieron los 20 años de la fundación de Andoc, la “Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario”. 

Para entender el origen de la Asociación tenemos que remontarnos a la publicación el 2 de junio de 2001 de una Orden por la que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía incorporaba el “principio activo Levonorgestrel”, conocido comúnmente como “píldora postcoital” o “píldora del día después”, con eficacia abortiva, al Decreto por el que se regulan las existencias mínimas de medicamentos y productos sanitarios en las oficinas de farmacia. 

Con esta exigencia, se sentaron las bases que justificaban la posibilidad de que los farmacéuticos disconformes con esta exigencia, en cuanto podía violentar su conciencia individual, pudieran recurrir a la objeción de conciencia. Así es como surgió la idea de crear una asociación para promover el ejercicio de este derecho constitucional y que, con el tiempo, hicimos extensivo al ámbito de todas las profesiones biosanitarias y a todo el país. 

Desde entonces se viene ofreciendo cobertura jurídica especializada a todos los asociados, fomentando la formación bioética a través de jornadas, cursos, reuniones y difundiendo el respeto a la libertad profesional y de conciencia entre los ciudadanos en general, convirtiéndose Andoc en un referente a nivel nacional y europeo en este campo.

– Otro de los campos que preocupan a gran parte de la población es la educación y la imposición de la ideología de género en las escuelas a través de las leyes LGTBI.  ¿Es posible objetar de impartir este tipo de contenidos siendo profesor?

No puede cuestionarse, y está expresamente prevista en nuestra Constitución, que el Estado es competente en la formación de los alumnos en valores cívicos que fomenten el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, esta competencia de los poderes públicos se ha de armonizar con el principio de neutralidad ideológica del Estado -que también exige la Constitución-, como derivación obligada del principio de libertad ideológica, religiosa o de conciencia de las personas, así como de la proclamación del pluralismo político como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Y nuestra Constitución, al igual que prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de la orientación sexual, también protege los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos, ideas, opiniones, la libertad de producción y creación literaria científica y técnica, así como la libertad de cátedra, derechos que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Por tanto, sobre la sexualidad se puede y se debe opinar con respeto, pero en libertad. 

– ¿Y qué hay de los padres y su derecho constitucional a educar a sus hijos según sus propios valores y creencias?

Si tenemos en cuenta el deber impuesto por el artículo 27 CE a los poderes públicos de garantizar el derecho de los padres a elegir esa educación conforme a sus convicciones, así como la obligación de neutralidad ideológica, es indudable que el adoctrinamiento en una orientación ideológica determinada impuesto en los centros educativos, cuando no ha sido libremente decidida por los padres, vulnera el derecho que estos tienen a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. Y como señala el Tribunal Constitucional, este derecho despliega su eficacia también dentro de la escuela pública

Para terminar, ¿ve usted esperanza? Cada vez son más los ataques y, parece, que muy pocos los que estamos dispuestos a dar la cara.

La esperanza, es lo último que debemos perder. No hay que dejarse llevar por el derrotismo ante los contratiempos y dificultades. Debemos ser optimistas, pero también responsables, pues también es una obligación no permanecer ajenos a los grandes debates éticos y morales de nuestro tiempo ni a la batalla cultural que se está librando. Solo de esta manera podremos ayudar a construir esa sociedad más justa y libre que queremos dejar a nuestros hijos.