Ley del aborto

Varapalo del CGPJ al proyecto de ley del aborto

Un grupo de mujeres sujeta una pancarta de 'Irene Montero Dimisión' durante una manifestación contra las violencias machistas, 25 de noviembre de 2022, en Madrid (España). La protesta ha sido convocada por el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y el Movimiento Feminista de Madrid, bajo el lema ‘El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!’. Esta es una de las manifestaciones convocadas hoy en España para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas para sensibilizar a los ciudadanos respecto al problema. El día 25 fue elegido en 1999 por la ONU para rememorar el asesinato en República Dominicana en 1960 de las hermanas Mirabal, activistas políticas que se opusieron a la dictadura del entonces dictador de ese país Rafael Leónidas Trujillo. 25 NOVIEMBRE 2022;MADRID;MANIFESTACIÓN;25N;FORO DE MADRID CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES;MOVIMIENTO FEMINISTA Alberto Ortega / Europa Press 25/11/2022
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El CGPJ cuestiona la eliminación del consentimiento paterno en la ley del aborto por afectar a la patria potestad. La norma pone fin a la exigencia del permiso en chicas de 16 y 17 años

También cuestiona contra la eliminación de los sobres informativos y los tres días de reflexión

El Poder Judicial cuestiona la eliminación del consentimiento paterno para chicas de 16 y 17 años en el Anteproyecto de nueva ley del aborto por afectar a las «funciones inherentes a la patria potestad» de los padres . Así se señala en la propuesta de informe que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debatirá el 22 de diciembre.

El informe advierte además al gobierno que no explica ni justifica modificaciones como la que afecta al derecho de información y al periodo de reflexión para la debida formación de la voluntad y la prestación del consentimiento para la realización del aborto.

Respecto del consentimiento paterno,  el informe inciden en que los padres deben desempeñar ex lege las funciones inherentes a la patria potestad, tal y como exige el artículo 154 del Código Civil; y que el consentimiento de las menores sin conocimiento de los padres dificulta de modo evidente esos deberes de carácter tuitivo que conforman la patria potestad. Dentro de estos deberes, el CGPJ cita la orientación o el consejo «en un ámbito tan relevante como lo es la salud o bienestar de las menores».

La propia Constitución establece también en similar sentido que los progenitores deben prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad (artículo 39.3 ).

El anteproyecto elimina el periodo de tres días de reflexión obligatorios antes de someterse a un aborto. La propuesta de informe del CGPJ considera, sin embargo, que este periodo es un presupuesto necesario para una adecuada formación de la voluntad y para la adopción de una decisión «consciente y meditada».

También critican la eliminación de la práctica actual de entregar un sobre con información sobre recursos para la mujer que acude a abortar y que incluye las prestaciones y ayudas a la maternidad. El anteproyecto prevé que esta información sólo se le entregará a la mujer que lo pida.

El CGPJ advierte de que esto presupone que la mujer deba tener un previo conocimiento de la información que le interesa, porque en caso contrario difícilmente podrá requerirla, por lo que las ponentes consideran que se les estaría «privando o, cuando menos, dificultando» el acceso a la información sobre cuestiones que pudieran ser de su interés.

Sostienen que la información, para ser adecuada, completa y suficiente, no debe estar orientada exclusivamente a la realización del aborto, sino también a la protección de la maternidad «sin introducir consideraciones éticas ni religiosas».

Defienden que el derecho al aborto se pueda ejercer en centros privados debidamente acreditados para mantener la libertad de elección de la mujer, frente a la propuesta de Igualdad de que la sanidad pública sea la red de referencia para abortar.

Sobre la objeción de conciencia de los sanitarios, las vocales piden que se concrete el acceso al registro de personas objetoras en un instrumento normativo de rango infraorgánico.

En cuanto a las bajas por menstruaciones incapacitantes, advierten de la ausencia de justificación en la regulación de la incapacidad temporal y señalan que la nueva normativa permitirá al empresario conocer cuál es el motivo de su ausencia al puesto de trabajo.

«Esta circunstancia puede provocar efectos totalmente contrarios a los pretendidos, haciendo surgir reacciones de marginación o estigmatización sobre las mujeres en general y sobre las que sufren los efectos de una menstruación incapacitante secundaria en particular», alertan.