EDITORIAL

Editorial. Cinco razones contra la Ley de regulación de la Corona

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Todo indica que la hoja de ruta del republicanismo está perfectamente diseñada: Linchamiento de D. Juan Carlos I, con posterior e inevitable exilio; fuerte presión política para erosionar  la Jefatura del Estado desde la vicepresidencia del ejecutivo, insultos y vejaciones incluidas; elevación a la dirección del estado de los dos partidos contrarios a la integridad nacional, que además son los más republicanos y antidemocráticos de España (Bildu y ERC); imposición de la dicotomía monarquía/república en el debate político desde las alturas del despotismo ideológico de una izquierda que quiere obligar al pueblo a decidir sobre una cuestión en la que el pueblo, según el CIS, no tiene mayor interés (porque es una cuestión de puro poder); extensión de la sombra de la sospecha sobre el conjunto del familia real (reina Sofía incluida); recordatorios mediáticos recurrentes sobre la situación de Iñaki Urdangarín (que a nadie se le olvide); rumores maledicentes sobre la vida marital del monarca y chismorreos de patio de monipodio sobre las amigas despechadas del emérito (a las que poco o nada importa el futuro de España)…en fin, toda una operación perfectamente urdida para el desprestigio de la institución que abortó, quirúrgicamente, eficazmente, la última rebelión de los catalanes. He ahí la cuestión. Y el precio. Porque el peaje que Pablo M. Iglesias (que es el máximo representante del independentismo cuando éste cruza el Ebro) quiere que pague el PSOE por estar eventualmente en el gobierno es precisamente ese, la entrega de la cabeza del monarca -es decir, del régimen- en bandeja de plata. Sabe Iglesias que un PSOE sin monarquía parlamentaria tiene además los días contados. En el fondo, se tata de una operación de derribo de la social democracia española (el régimen del 78 era eso).

Así las cosas, el siguiente paso es una Ley de regulación de La Corona que solo puede tener dos objetivos: poner la institución bajo sospecha e instaurar sobre Felipe VI la presunción de culpabilidad en potencia (de ahí que haga falta una ley para evitar sus eventuales desmanes) y atarle las manos constitucionales a la espalda. Que no se pueda mover. Que nunca más pueda abortar un 1-O. Al regular por ley la institución, es evidente que se persigue terminar con cualquier atisbo de «poder residual» de la Corona.

Siendo todas esas razones suficientes para rechazar la regulación de la Corona por Ley, daremos cinco más.

Primera razón.- La Corona, como principio institucional que sirve a la estabilidad de la nación, debe quedar al margen de las mayorías parlamentarias coyunturales y del debate político de ocasión. Una cuestión constituyente, como la forma política del estado, la monarquía parlamentaria, no puede quedar al albur de los intereses electorales de una coalición de gobierno o de los partidos que la conforman.

Segunda razón.- Regular por ley La Corona es, de facto, hacer que la mayoría parlamentaria someta  al rey a los intereses de los partidos, y lleva a la institución a una inestabilidad demoledora: cada gobierno podría, en cada legislatura, instando el cambio de la ley, construir un monarca a su medida. De tal manera, el rey acabaría convirtiéndose en una especie de apéndice de cada mayoría parlamentaria, un mero «agente» gubernamental, un comisario del presidente. ¿Es ese el diseño constitucional de la institución? es evidente que no.

Tercera razón.- Si el constituyente del 78 hubiese querido que la Jefatura del Estado fuera regulada por ley, lo habría previsto, como lo hace respecto de cada uno de los poderes del Estado. La Constitución solo se refiere a la posibilidad de regular por ley orgánica «las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona» (artículo 57.1). El silencio constitucional sobre la regulación mediante ley de las demás cuestiones no es baladí; es un seguro para sustraer a la Jefatura del Estado de la ambición coyuntural de los partidos políticos.

Cuarta razón.- Regular por ley La Corona es evitar que pueda ser un contrapeso más del sistema. Someter al rey a la voluntad del parlamento cada cuatro años es acabar con un importante dique de contención del abuso del poder político. Sin rey, el poder de los partidos se absolutiza y los ciudadanos pierden en derechos civiles y políticos. Citemos a Montesquieu: si tenemos un rey es para no tener un amo. Hasta la virtud (democrática) necesita límites.

Quinta razón.- El rey es la encarnación histórica de la nación. Regular por ley la nación es poner su existencia en manos de esas oligarquías (egoístas, miserables, mezquinas) que llamamos cúpulas de los partidos. Mal destino.

El ciudadano necesita un anclaje nacional que vaya más allá del acuerdo de poder entre Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Arnaldo Otegui. La Ley de la Corona responde a ese acuerdo. Aunque solo sea por eso, debemos oponernos.