El final de la libertad sexual. Por Julio Ariza

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Fue triste y patético ver a Ignacio Aguado, el vicepresidente por Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, anunciar con orgullo, como queriendo volver a la carroza de la que fueron expulsados a golpes, la imposición de una multa de 20.001 euros a una profesional por realizar terapias voluntarias a personas que querían abandonar su homosexualidad, por padecer por tal condición un especial sufrimiento.

La persona sancionada se dedicaba, previa petición voluntaria del interesado, a ayudar al afectado que libremente lo requería a emprender un camino de regreso a su orientación sexual anterior. 

Hay que recordar, para ser justos, que antes fue el Partido Popular de Madrid con la sin par Cifuentes –la coleta moderna y errática del PP– y el ínclito Garrido –tránsfuga tembloroso encaramado ahora la veleta– quien aprobó la Ley LGTB que ahora permite la puesta en marcha de ese aparato hipócrita y represor. En abril de 2019 la Comunidad del PP inició el expediente sancionador contra esa profesional sancionada y hoy el vicepresidente regional de Cs Ignacio Aguado ha anunciado los méritos de la descomunal sanción para volver a subirse a la carroza.

Ni que decir tiene que el poderosísimo lobby gay ha mostrado su enorme satisfacción y loado el castigo con orgullo.

Uno de los poderosos colectivos LGTBI ha señalado que “no está justificada una intervención de tipo psicológico». ¿Quiénes son ellos para decir si una persona, la que fuere, precisa o no de asistencia psicológica por la razón que sea? ¿Cómo se atreven a colectivizar de esa manera la decisión íntima, personal, intransferible, de un ser humano, a decidir por ella si necesita o no acudir a un psicólogo, un coach o lo que sea? Se trata, según ellos, de que las personas afectadas “acepten y desarrollen” la homosexualidad una vez han llegado a ella. Pero, ¿incluso a costa del propio sufrimiento, del propio tormento interior, del propio e íntimo rechazo? ¿Por qué una decisión que pertenece al libre desarrollo de la personalidad debe ser hurtada de ese modo? 

Las tan poderosas asociaciones LGTBI, ahora respaldadas por el aparato represor de la Comunidad de Madrid, han emprendido una guerra sin cuartel, mediática, legal, institucional, a la posibilidad de ayudar a las personas que libremente lo requieran, a cambiar de orientación sexual en dirección a la heterosexualidad. Ese poderoso lobby gay que todo lo invade e inunda y que ha convertido los partidos y los medios en elementos activos de propaganda subliminal ha equiparado ese cambio de orientación hetero, nada menos, que a la “tortura” o a la “inducción al suicidio”. Sin embargo ocultan el tormento que puede llegar a sufrir una persona por permanecer en una condición sexual, la LGTBI, que a su vez rechaza profundamente bien por una cuestión de conciencia, de creencias, de razón o de fe. Tampoco se refieren a las trágicas decisiones en que pudiera desembocar el hecho de no dar opción a los que sufren por tener que permanecer a toda costa, incluso contra la propia conciencia, en tal orientación. ¿O es que no existe el suicidio entre homosexuales que no aceptan, en lo más profundo de su ser, dicha condición de la que quieren pero no pueden o no saben salir? ¿No existe sufrimiento en ese lado? 

Se trata, según ellos, de que las personas afectadas “acepten y desarrollen” la homosexualidad a toda costa; es decir, a costa incluso del propio sufrimiento. 

¿Por qué una decisión que pertenece al libre desarrollo de la personalidad debe ser hurtada de ese modo? Porque lo dice este nuevo macartismo LGTBI. Las brujas que hay que quemar ya no son las de Zugarramurdi, sino los profesionales que ofrecen ayuda a quien libre y voluntariamente se la reclama.

Si uno quiere acudir a un psicólogo, ¿quién es la Comunidad de Madrid para dificultárselo o impedírselo? Con la sanción y la represión puesta en marcha sitúa la autonomía de la voluntad y la libre determinación de cada cual en un segundo plano, por debajo del catón LGTBI, invadiendo grosera e inaceptablemente, inmoralmente, el recorrido de un camino que pertenece a la intimidad de cada cual. 

Curioso poder político que subvenciona, tutela e incentiva el camino de ida mediante procesos hormonales, operaciones, asociaciones y “políticas de igualdad”, y reprime y sanciona el mero hecho de que un profesional pueda ayudar a quien requiera libremente de sus servicios para hacer el camino de vueltaSe puede ir a mil psicólogos para que le reafirmen a uno en la idea de que en el fondo es LGTBI, pero no se puede ir a uno para que le ayude a salir de ahí

¿No es una discriminación en toda regla por razón de sexo? ¿No es prohibir ese tipo de ayudas una vulneración del artículo 14 de nuestra Constitución? ¿No están terminando con la libertad individual, la libertad religiosa, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia determinación de la personalidad? 

Vivimos una época en que la ingeniería social está terminando con demasiados derechos fundamentales