El pleno, que se ha reunido ya este martes desde las diez de la mañana y que está convocado para tratar esta cuestión hasta el jueves, se presenta dividido, si bien la votación sobre la constitucionalidad del estado de alarma puede producirse antes, han informado a Efe fuentes del tribunal.
La deliberación sobre el decreto de estado de alarma comenzó el pasado 24 de junio pero, al constatar un empate en las posiciones de los componentes del pleno y el varapalo que supondría para el gobierno, se decidió aplazar la votación para abrir un periodo de reflexión.
Así lo acordaron tras dos días de intensas deliberaciones, en los que el tribunal de garantías se partió en dos bloques.
En su ponencia, el magistrado González Trevijano señala que las restricciones acordadas por el Gobierno excedieron del marco legal del estado de alarma, pues suspendieron en vez de limitar el ejercicio de derechos fundamentales, algo que debería haberse acordado mediante el estado de excepción.
El texto considera que la intensidad y gravedad de esas limitaciones, como el derecho de circulación, fruto del confinamiento domiciliario, derivaron en una suspensión que no tiene acomodo en la Constitución.