Consternación en las víctimas de ETA por la cesión de las prisiones al gobierno del PNV

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El traspaso de la gestión de los centros penitenciarios al Gobierno Vasco ha generado un profundo disgusto y preocupación no solo en la oposición al gobierno sino también en el seno de las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo.

Muy crítica se muestra con la medida la asociación Dignidad y Justicia. Según su presidente, Daniel Portero, supone “la máxima traición e irresponsabilidad con la justicia que merecen todas las víctimas del terrorismo de ETA”. En su opinión, “se trata de dejar en manos de los cómplices del terrorismo vasco la duración y ejecución de la condena”.

Señala que el PNV “nunca ha estado del lado de las víctimas del terrorismo, sino en el lado opuesto” por lo que advierte de que “su continua equidistancia a lo largo de decenas de años tendrá su cara más terrorífica cuando dejen en libertad a los que mataron a nuestros familiares”. “Tanto PSOE como PNV nunca escribirán la historia de ETA con vencedores o vencidos, sino solo escribirán el relato de igualar a víctimas con verdugos”.

Por otro lado, Covite, presidida por la hermana De Gregorio Ordonñez, Consuelo Ordóñez, ya ha dado un paso al frente al reclamar a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, Beatriz Artolazabal, que se establezca «un protocolo de comunicación directo» y se les informe «con total transparencia» de las decisiones que se tomen respecto a los presos de ETA.

A partir de ahora, las decisiones sobre permisos, clasificación de grados (que permiten una mayor flexibilización en el cumplimiento de la pena) y acuerdos de libertad condicional ya no serán acordadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, sino por el Gobierno vasco, como en Cataluña.

De este modo, será la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias vasca la que proponga el permiso y la Audiencia Nacional la encargada de ratificarlo, tal y como ocurrió en el caso de Cataluña con los condenados del procés.