Varapalo al Gobierno

Contenido de la Sentencia del T. Constitucional contra el estado de alarma

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El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional varios preceptos del real decreto del 14 de marzo del año pasado con el que Pedro Sánchez implantó el estado de alarma al albur de la declaración de la pandemia del coronavirus, según ha informado el TC en un comunicado.

Se trata de los apartados 1,3 y 5 del artículo 7, que limitó durante meses la libertad de circulación de todos los españoles a una serie de actividades tasadas, como la compra de alimentos o el cuidado de mayores; restringió la circulación de vehículos particulares, y permitió al ministro del Interior cerrar la circulación en carreteras invocando razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico.

La sentencia, cuyos argumentos se conocerán en los próximos días, siembra la duda sobre las multas impuestas en la primavera de 2020 por saltarse en confinamiento. Unas sanciones que, según jurídicas, deberán ser anuladas tras el correspondiente procedimiento de reclamación.

Entre el 14 de marzo y el 20 de junio se impusieron casi 1,2 millones de sanciones por saltarse el confinamiento, según datos de las Delegaciones del Gobierno recopilados por Efe en aquel periodo.

Sin embargo, según las fuentes, la resolución sí excluye la posible responsabilidad patrimonial del Estado, dado que la sentencia entiende que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar las medidas decretadas en ese primer estado de alarma y que la inconstitucionalidad decretada en principio no sería título suficiente para fundamentar una reclamación patrimonial ante la administración.

El TC no cuestiona las medidas anuladas, sino el instrumento que utilizó el Gobierno para implantarlas -lo cual resulta esencial en un Estado de Derecho- al entender que el estado de alarma no permite una suspensión generalizada de derechos fundamentales y que debería haber acudido al estado de excepción, que está sujeto a un mayor control parlamentario, dado que debe ser autorizado previamente por el Congreso de los Diputados.

También declara inconstitucional la habilitación al ministro de Sanidad para «modificar» o «ampliar» las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, cultural, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.

En la ponencia González-Trevijano señalaba que las restricciones acordadas por el Gobierno excedieron del marco legal del estado de alarma, pues en lugar de limitar, suspendieron el ejercicio de derechos fundamentales, algo que debería haberse acordado mediante el estado de excepción.

El texto no pone en tela de juicio la idoneidad de las medidas, al enmarcarse en una pandemia global y en que fueron semejantes a las de los países de nuestro entorno, si bien considera que la intensidad y gravedad de esas limitaciones, como el derecho de circulación, fruto del confinamiento domiciliario, derivaron en una suspensión que no tiene acomodo en la Constitución.

El estado de alarma se ha decretado en cuatro ocasiones, en diciembre de 2010, por una huelga de controladores aéreos, y las tres siguientes, una en marzo y dos en octubre de 2020, por la pandemia la Covid-19.

El 14 de marzo de 2020, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó la declaración de estado de alarma, que tuvo seis prórrogas, autorizadas por el Congreso de los Diputados, hasta que decayó el 21 de junio, 98 días después.