Operación Azud

Corrupción en Valencia. Operación Azud: sobornos al PSOE, financiación ilegal

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Un abogado vinculado al PSOE de Valencia intermediaba entre dirigentes socialistas y un empresario 

La investigación de la macrocausa de corrupción urbanística en Valencia, bautizada como operación Azud, da un vuelco tras revelarse decenas de facturas: la Fiscalía cree que son falsas y que encubren sobornos a cargos del PSOE  a cambio de adjudicaciones urbanísticas y posible financiación ilegal para las campañas electorales del partido, tal y como publica el diario El Mundo en su edición de ayer. La operación ya ha salpicado al ex subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al exresponsable de finanzas del partido, José María Cataluña.

Las facturas a las que El Mundo habría tenido acceso tras el levantamiento parcial del sumario ascienden a 1,3 millones de euros, supuestamente cobrados por José Luis Vera entre los años 2007 y 2012. Vera, abogado vinculado al PSOE valenciano, se sitúa ahora como personaje clave de la trama como supuesto intermediario entre Jaime Febrer y los cargos socialistas.

Febrer, pagador y principal investigado, habría sobornado durante años a cargos políticos para conseguir desarrollos urbanísticos. Su abogado Manuel Mata era el antiguo hombre de confianza de Ximo Puig. Mata se vio obligado a dimitir de sus cargos hace unas semanas tras conocerse que defendería a Febrer tras hacerse pública su visita a la cárcel.

La documentación incautada en los registros domiciliarios indicaría que el abogado José Luis Vera actuaría como persona de entrada al ayuntamiento de Valencia para Febrer, cabecilla de la operación Azud.

Los documentos revelarían según el diario El Mundo «supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias».

Vera sería «intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer, consiga sus propósitos de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos, como igualmente aparece de forma indiciaria como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas al objeto de desconectar la fuente del dinero», según el relato del fiscal.

El empresario firmaba los contratos con Vera, que se encargaba de crear una factura falsa con el concepto «minuta de honorarios por trabajos realizados». Tal y como relata el citado diario, los investigadores se incautaron de un gran número de facturas emitidas por el abogado cada mes por 3.000 euros más IVA, en las que figuraba como cliente «Construcciones Valencia Constitución (CVC)», una de las empresas de Febrer. Además, los investigadores poseerían facturas por valor de 2.726 euros emitidas cada mes durante el año 2008 por la participación de Vera en el «consejo asesor» de esa misma empresa.

La fructífera relación entre ambos permitió a Vera cobrar hasta 29.928 euros o 144.072 euros como «anticipo a cuenta de honorarios según contrato de fecha 21-4-2008». De forma paralela Vera recibía dinero trimestralmente del PSOE valenciano por los servicios jurídicos prestados cuyas facturas ascienden a 5.625 euros más IVA.

El despacho de Vera estaría, según señala el citado diario, en el mismo domicilio que el de Virgilio Latorre, abogado muy relacionado con los socialistas y con quien Joan Ignasi Pla, antiguo líder del PSPV, firmó un contrato en 2004 que también forma parte de la investigación. Latorre no está investigado y es letrado de Rafael Rubio, quien sí figura dentro de la investigación.