Demanda contra la dirección de Podemos pide anular las primarias de Vistalegre III por fraude

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El militante de Podemos que presentó la candidatura alternativa a la de Pablo Iglesias para liderar el partido ha presentado una demanda para anular el proceso de primarias celebrado el mes mayo conocido como Vistalegre III. El escrito alega la sentencia que acaba de anular, por similares razones, las primarias en Collado-Villalba.

Así lo reconoce el escrito presentado por el letrado de Fernando Barredo, candidato alternativo, al señalar que “Ante esta novedosa situación judicial, siendo la forma de proceder de Podemos la misma en las primarias de Collado Villalba, mi representado ha visto confirmadas aún más si cabe sus sospechas y no puede pasar por alto estos gravísimos hechos a fin de que este Juzgado los enjuicie y determine la nulidad del proceso electoral”.  La sentencia anula las primaria de Collado-Villalba porque el partido manipuló los resultados, anuló votos, no facilitó el censo y controló indebidamente la apertura y el cierre de las urnas de voto telemático.

El escrito señala que también en esta ocasión, a nivel nacional, “el recuento de los votos ha dependido en todo momento del aparato del partido que a través de sus informáticos pueden alterar el censo de votantes a su antojo, conocer de antemano su voto, y suprimirlo si el resultado no es favorable”.

Tal y como señala Barredo, dicha operativa ya ha sido reconocida por el juez de Collado-Villalba y en consecuencia solicita del juzgado  que se declaren nulas las primarias de Vistalegre III. Llama la atención que Pablo Iglesias alcanzara, en unos porcentajes que solo se conocen en la Venezuela bolivariana,  el 92% de los votos emitidos, en unas elecciones en las que apenas participó el 11% de los inscritos, casualmente, un 1% más del mínimo admitido para su validez (un 10%).

La demanda pide además que se  condene al partido de Pablo Iglesias a repetir las primarias.La demanda recoge presuntas irregularidades cometidas durante Vistalegre 3: «Queda acreditado que Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Noelia Vera superaban el límite de un cargo institucional o función pública establecido en el Código Ético de Podemos, puesto que cada uno ocupaba dos cargos públicos, el de diputado y un cargo en el Gobierno de España. El Equipo Técnico del proceso que según el Reglamento de la Tercera Asamblea Ciudadana debía velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, nunca debió aceptar las candidaturas. Se daba la anómala circunstancia de que dicho Equipo Técnico, designado por la dirección del partido, estaba íntegramente compuesto por miembros de la candidatura oficialista».

“Estamos -dice la demanda- ante un caso de absoluta arbitrariedad en la aplicación de la normativa interna y el demandante tiene derecho a exigir su cumplimiento para que todos los candidatos sean votados en plano de igualdad, porque las exigencias del Código Ético no admiten excepciones y se generaría un agravio comparativo y un grave precedente exigir el cumplimiento o tolerar el incumplimiento de las obligaciones estatutarias en función del candidato que se presenta”.

La formación «ha sido capaz de alterar un proceso electoral jugando con ventaja, invisibilizando a la competencia, condicionando con los tiempos y los requisitos, cambiando el Reglamento sobre la marcha, modificando documentos, y lo que hiciera falta, para alterar el resultado electoral desde su posición dominante, en la que actuaban como jueces y como parte».

Según la demanda, «se publicó un anexo al reglamento de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, en el que sin tapujos se permitió una posible ‘actualización’ de los documentos de las candidaturas a la Secretaría General, así como de pequeños cambios que pudieran darse en las candidaturas y listas».

«Tenemos un proceso electoral que se inicia con unas reglas, en el que se presentan ilegítimamente un candidato a la Secretaría General incumpliendo el Código Ético, y tres candidatas con la misma incompatibilidad al Consejo Ciudadano Estatal que se interrumpe con el Estado de Alarma, se reinicia, sin previo aviso, con unas nuevas reglas, dictadas por los máximos órganos del partido habiendo formado el Equipo Técnico, responsable del proceso de primarias, con candidatos de la Lista presentada por el secretario general, Pablo Iglesias».

«La Dirección del partido, cometió una grave irregularidad que fue mantener abierto el censo de inscritos y votantes, en secreto, cuando, con anterioridad había dictado una reglamento que disponía expresamente el cierre del censo de votantes durante el período de suspensión de la Asamblea, lo cual supuso, no solo vulneración del Reglamento, sino una infracción grosera de las reglas de la buena fe y del principio de igualdad de oportunidades que debe presidir cualquier proceso electoral, máxime cuando es la misma Dirección del Partido, integrante de una candidatura, la única que controla el censo, en el sentido de que sólo ella sabe quiénes lo conforman y desde cuándo, y todos los detalles, lo que hace aún más grave la irregularidad», denuncia el escrito.

«No se ajusta»… «a los más elementales parámetros de transparencia y democracia que jamás ningún candidato a cualquier tipo de cargo orgánico, conozca, al igual que lo conocen los miembros de la ejecutiva, dirigida por Pablo Iglesias, cuál es el censo de votantes. Si este hecho se produjese en cualquier país latinoamericano o incluso en cualquier Estado miembro de la UE, se le acusaría de dictatorial e inconcebible en una democracia».