Presión LGTBI

Diez de los veintisiete países se apartan de la Comisión en su presión sobre Hungría

Úrsula Von Der Leyen, presidente de la Comisión Europea, hablando por teléfono. Imagen de archivo de Europa Press.
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Portugal, Bulgaria, Croacia, Malta, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Hungría no han firmado la carta promovida por la Comisión para condenar a Hungría por su legislación de protección de la infancia en materia de sexualidad.

El lobby LGTBI, sin embargo, ha vuelto a demostrar su capacidad de influencia en Bruselas y en los países firmantes. Diecisiete estados -entre los que está se encuentra España- frente a diez, han puesto en marcha una presión sin precedentes sobre la legislación de otro estado miembro en materia de derechos fundamentales.

El Consejo Europeo celebrado ayer en Bruselas arremetió con una inusual dureza contra Hungría a cuenta de la ley que acaba de aprobar su parlamento soberano, por mayoría absoluta, que prohíbe exponer “pornografía y contenidos que representen la sexualidad o promuevan la desviación de la identidad de género, el cambio de sexo o la homosexualidad» que «no deben ser accesibles a menores de 18 años”. La ley, aprobada como parte de la legislación húngara de lucha contra la pederastia, acaba de entrar en vigor.

Lo que en Hungría se votó como una modalidad de protección de la infancia contra la pederastia se presenta ahora desde Bruselas como una  limitación de los derechos y libertades de la comunidad LGTBI.

Hungría viene a decir que a la infancia, en materia sexual, hay que dejarla en paz y al margen del debate LGTBI.

Algunos estados miembros han reaccionado con inusitada virulencia frente a la decisión de Hungría. El primer ministro holandés, Mark Rute, ha llegado a asegurar que la nueva ley húngara no puede ponerse en marcha y que, de hacerlo, el país debería abandonar la Unión Europea.

«Ya no tienen un lugar aquí», ha asegurado Rutte, que ha afirmado, en una intromisión sin precedentes, que Hungría debería retirar la ley, algo que Orbán ya ha descartado, señalando que de lo contrario deberían abandonar la Unión Europea.

La cuestión no es solo la libertad de los estados de legislar de forma soberana, sino también la de imponer desde los centros de decisión bruselitas y desde terceros países «socios» los códigos morales por los que se deba regir una sociedad nacional. De perderse esta batalla, se habrá sentado un trágico precedente para la soberanía de los estados.

Judit Varga, ministra de Justicia de Hungría, ha contestado al primer ministro holandés por redes sociales: “La declaración de Mark Rutte hoy no es más que un episodio más de la serie de chantaje político. Hungría no quiere dejar la UE. Al contrario, queremos salvarla de los hipócritas”.

Xavier Bettel, primer ministro luxemburgués, que se declara gay, ha señalado: “Aceptarme a mí mismo siendo gay fue lo más difícil, aceptarlo yo y cómo decírselo a mis padres…escuchar ahora que es porque tal vez vi algo en la televisión cuando era más joven es inaceptable”. Y añade: “Mezclar pedofilia, pornografía y homosexualidad es inaceptable”.

Sin embargo, fuentes de los estados miembros que no han firmado la carta reconocen el derecho de los parlamentos soberanos, que expresan la voluntad general de cada país, de regular la protección de la infancia en los términos en que cada sociedad decida. En todo caso, recelan de que la maquinaria bruselita pueda iniciar un proceso de invasión de competencias nacionales en esta y en otras materias, dejando vacíos de contenido a los parlamentos nacionales con el consiguiente daño a la democracia representativa de cada país.