La represión del día después en Cuba

Doce cubanos condenados a prisión sin defensa en juicio sumarísimo

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La represión del día después ha comenzado ya en Cuba. Doce cubanos arrestados en las protestas del 11 de julio fueron ayer condenados a penas de 10 meses a un año de cárcel tras un juicio sumarísimo en el que la mayoría no contó con un abogado ni derecho a la defensa. Asó lo ha denunciado el hermano de una de esas víctimas, el cineasta Anyelo Troya, realizador del famoso vídeoclip Patria y Vida.

«Lo detienen cuando empiezan las manifestaciones. Él no se estaba manifestando, solo salía con su cámara a filmar», declaró su hermano Yuri, que ha seguido de cerca el proceso hasta conocer hoy la sentencia.

Explicó que Anyelo, de 25 años, pasó varios días incomunicado en una prisión situada en el oeste de La Habana y las autoridades no ofrecieron información a la familia hasta el lunes 19.

«Nos informaron del número de denuncia y del cargo de desorden público. Nos dijeron que tenía medida cautelar de prisión provisional y sería un juicio directo. Que nos llamarían y que teníamos derecho a abogado», indicó el hermano del condenado.

Según su testimonio, el martes la familia acudió con un abogado a la prisión, donde, para su sorpresa, les dijeron que el juicio ya se estaba celebrando en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en el sur de la capital a varios kilómetros de distancia.

«Llegamos corriendo con el abogado y el juicio ya había concluido. Le juzgaron sin abogado. Había 12 muchachos en el mismo juicio sumario y solo dos tenían abogado porque los padres se enteraron a tiempo», aseguró.

La sentencia llegó hoy: un año de cárcel para diez de los acusados, y diez meses de cárcel para los dos restantes, los dos que tenían abogado.

La familia del joven realizador de «Patria y Vida», tema que se convirtió en todo un himno de la disidencia dentro y fuera de la isla, presentará un recurso de apelación esta semana para intentar revertir esta sentencia, que ha despertado críticas sobre el uso en Cuba de los «juicios sumarios».

La plataforma cubana El Toque Jurídico confirmó la veracidad de la sentencia a los 12 cubanos y también el uso cada vez más habitual de los juicios sumarios en Cuba para procesar a personas con ideas políticas opuestas al oficialismo.

«Si el abogado no llega a tiempo a la celebración del juicio de nada servirá su contrato. No hay formas de invalidar un proceso sumario por el hecho de que el acusado no tuvo abogado. Las autoridades cubanas doblan la ley y la utilizan conveniente y selectivamente», exponen los abogados de El Toque Jurídico.

Estos aseguran que la figura del juicio sumario en Cuba se caracteriza «por su celeridad y porque la persona puede ser juzgada sin la presencia de un abogado», por lo que «atenta contra el derecho a la defensa» del acusado.

Organizaciones y activistas calculan en medio millar el número de detenidos desde las protestas del 11 de julio, de los cuales la mayoría permanecen en prisión, a la espera de recibir o no cargos, y otros han sido liberados.

En el ámbito internacional, parlamentos de EE.UU., Reino Unido, República Checa, Estonia, Letonia y Lituania han solicitado ya la imposición de «sanciones selectivas» contra integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía y todo aquel que «sea cómplice de la represión» de las protestas pacíficas o de violaciones de los derechos humanos en Cuba.

«Condenamos firmemente a las autoridades cubanas por utilizar la violencia, la intimidación y la censura para negarle a los cubanos su derecho constitucional de reunirse y protestar pacíficamente», señaló el pronunciamiento firmado, entre otros, por el senador de origen cubano Bob Menéndez, quien preside el comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

El documento fue respaldado además por los legisladores Marko Mihkelso, de Estonia; Rihards Kols, de Letonia; Žygiamantas Pavilionis, de Lituania; Pavel Fischer, de la República Checa; y Tom Tugendhat, del Reino Unido; todos conservadores o de partidos de derecha o ultraderecha.

«Pedimos que se impongan sanciones selectivas contra miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, el Ministerio del Interior Cubano, la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y todo aquel que sea cómplice de perpetuar la represión violenta de protestas pacíficas o violaciones de los derechos humano», indicaron, según un comunicado difundido en Washington.