Asalto a la Justicia

El 90% de los Jueces de España, contra la reforma bolivariana de Pedro Sánchez

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Una encuesta realizada por la empresa Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial entre días 8 y 22 de septiembre, mediante entrevistas telefónicas realizadas a 1.000 jueces en activo seleccionados aleatoriamente y de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales, arroja un dato que todo presidente del gobierno debería tener en cuenta: La práctica totalidad de los jueces rechaza su reforma.

En efecto, el 90% de los jueces españoles apoyan que los 12 vocales del “turno judicial” (jueces y magistrados de carrera) del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ,  sean elegidos mediante elección directa por los miembros de la Carrera Judicial.

La encuesta muestra la opinión de los jueces de terminar con cualquier posibilidad o apariencia de  subordinación al gobierno, a los partidos políticos o cualquier tipo de contaminación política en la acción judicial, en línea con los criterios de la U.E. y de los países de nuestra cultura jurídica.

El 90% de los jueces encuestados cree además necesario un nuevo pacto de Estado por la Justicia, justo lo contrario de esta reforma emprendida para politizarla y para implantar el modelo bolivariano de sumisión de los jueces al poder político, vinculando 17 de los 21 miembros del CGPJ a la mayoría política de la coalición que sostiene al gobierno.

El 90% de los encuestados afirma no haber recibido nunca indicación o sugerencia alguna sobre cómo resolver un caso concreto por parte del Gobierno, las comunidades autónomas o el CGPJ. El 88%, tampoco de partidos políticos, otros jueces o grupos de presión económicos o sociales.

Un 9% responde que “con frecuencia” se siente presionado por los medios de comunicación, de los que una gran mayoría (84%) piensa que no reflejan adecuadamente la labor judicial.

Por otro lado, los jueces también respaldan reformas para restringir el ejercicio de la acción popular (68%) o prohibir que los partidos políticos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción.

También es mayoritario el rechazo de los jueces españoles a la posibilidad de que los fiscales pasen a instruir las investigaciones con la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un 55% de los jueces y magistrados de España rechaza que la instrucción pase a la fiscalía. Sólo un 41% aceptaría ese cambio y un 4% no sabe no contesta.