Persecución política en Nicaragua

El dictador Ortega incrementa la persecución política a sus adversarios: nuevas detenciones

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Nicaragua se ha convertido en una siniestra una caza de brujas encabezada por el dictador Ortega contra, no solo opositores, sino cualquier crítico a su Gobierno.

Desde la noche del sábado, cuatro críticas del Gobierno del régimen de Daniel Ortega han sido detenidas por la Policía nicaragüense, siendo ya más de diez los políticos arrestados, cuatro de ellos aspirantes a la Presidencia. El dictador está llevando a cabo detenciones selectivas arbitrarias como táctica para su segura su reelección en los comicios del próximo noviembre.

Cuando apenas faltan cinco meses para las elecciones presidenciales en el país, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, aumenta la persecución contra líderes de la oposición y contrarios al Gobierno del tirano Daniel Ortega.

En apenas diez días, las autoridades nicaragüenses han detenido a más de diez opositores, cuatro de ellos aspirantes a la Presidencia, ahora inhabilitados para el cargo. La jornada de arrestos de este fin de semana inició la noche del sábado con la detención de Daysi Tamara Dávila por parte de la Policía, cuando esta se encontraba en presencia de su hija pequeña.

Dávila es miembro activo del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, formado durante la represión ejercida contra las manifestaciones masivas de 2018. La nicaragüense también ha participado activamente en Unamos, el movimiento conformado por antiguos sandinistas que rechazan las políticas autoritarias de Ortega.

La nueva Ley 1055 del Gobierno ampara los arrestos 

«Está siendo investigada por realizar actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares», dicen en la policía orteguista amparándose una nueva Lay 1055 que califica como traición el apoyo a las sanciones internacionales contra el régimen.

Según el comunicado policial, Dávila está detenida con la excusa de «demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación», en referencia a las últimas de Estados Unidos contra el gobierno de Ortega.

Tres críticas del Gobierno y líderes políticas detenidas

Junto a Dávila, la represión llevó también a la detención de otra importante disidente sandinista, Dora María Téllez, y al arresto de la líder opositora Ana Margarita Vijil. A primera hora de la mañana, patrullas policiales rodearon la propiedad donde se encontraban, introdujeron un dron y posteriormente allanaron sus viviendas, como si se tratara de peligrosas terroristas yihadistas, y con gran parafernalia e inusitada fuerza policial, capturaron a ambas opositoras.

Posteriormente, el partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), denunció asimismo la detención de Suyen Barahonda, su presidenta.

Las tres opositoras fueron detenidas durante la mañana de este domingo 13 de junio. Sobre última detención la Policía argumentó que Barahonda trató de socavar la independencia y soberanía de la nación, así como «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, solicitar intervenciones militares y organizarse con financiación extranjera»

Condena de la CIDH

Después de 15 años en el poder, el dictador Daniel Ortega busca garantizar reelección el próximo noviembre, y para ello está llevando a cabo la persecución de los disidentes.

La comunidad internacional ha lanzado condenas y sanciones a los miembros del régimen nicaragüense. EE.UU. y la U.E. han expresado sus repulsa a la persecución política emprendida por Ortega. La OEA busca la imposición de nuevas sanciones la expulsión de Nicaragua de la organización. Este domingo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación a través de Twitter: «En el marco de la intensificación represiva, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a liberar inmediatamente a las personas detenidas y cesar los ataques a las libertades públicas y, particularmente, al ejercicio de los derechos políticos en el país».