Caso Cabezudo

El fiscal ve «evidencias suficientes de todo tipo» para condenar a Cabezudo

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Jorge Bermúdez, fiscal del caso Kote Cabezudo, considera que en el juicio contra este fotógrafo acusado de diferentes delitos de índole sexual, elaboración de pornografía infantil y estafa, entre otros supuestamente cometidos contra 17 de sus modelos, existen «evidencias suficientes de todo tipo» para condenar al procesado.

El representante del Ministerio Público ha hecho esta afirmación durante la exposición de su informe de cerca de dos horas que ha presentado este lunes en el tribunal de Sección Primera de la Audiencia, donde ha precedido al letrado de la acusación particular, que intervendrá mañana, y a los de la defensa que está previsto que lo hagan el miércoles.

«Tenemos evidencias suficientes de todo tipo, de la propia declaración del acusado, de la práctica de las pruebas testificales que han sido suficientemente contundentes, de las periciales que han sido demoledoras. En suma, que existe una prueba de cargo más que suficiente» para considerar los hechos probados, ha resumido con contundencia Bermúdez en la parte final de su largo alegato, para el que se ha servido de una presentación de «Powerpoint».

«Pocas veces nos vamos a encontrar ante un arsenal probatorio de semejante tamaño, contundencia, calidad y verosimilitud y por el contrario pocas veces vamos a tener frente a nosotros una defensa tan inconsistente por parte del acusado», ha recalcado el fiscal.

Previamente, había descartado en su exposición la posibilidad de que algunos de los hechos enjuiciados puedan ser declarados prescritos y había definido con claridad las premisas establecidas por el Tribunal Supremo para dar validez a los testimonios de las víctimas de delitos de índole sexual: persistencia en la incriminación, verosimilitud y ausencia de incredibilidad.

Unos criterios que, en su opinión, se cumplen completamente en este caso en el que, según ha descrito, todas las víctimas «han sostenido lo mismo» a lo largo del procedimiento, sin actuar movidas por intereses espurios ya que inicialmente, cuando denunciaron los hechos sólo les movía el deseo de «verse libres del yugo» de las imágenes que les tomó el fotógrafo expuestas en internet.

Ha recordado en este sentido el «patrón» con el que supuestamente actuaba el fotógrafo, relatado por las afectadas, todas ellas «adolescentes o chicas muy jóvenes» con experiencia «muy limitada» como modelos» que se vieron «avasalladas» por el procesado que les hizo caer «poco a poco» en una «espiral» que empezaba por una «sesión de prueba» sin desnudos explícitos pero que iban «a más» hasta que se topaba con la «resistencia» de las chicas a continuar.

No obstante, para ese momento, el inculpado contaba ya con una importante cantidad de material que presuntamente le servía para coaccionarlas con el fin de que siguieran accediendo a sus deseos, bajo «amenazas veladas» de difundirlo en internet en caso contrario.

Unas advertencias «no explicitadas pero claramente contundentes respecto de las víctimas, que han declarado coherentemente, congruentemente y conjuntamente una detrás de otra, vivir aterrorizadas por esta posibilidad», ha descrito el fiscal.

Ha recordado, en este sentido, cómo una de estas víctimas relató durante el juicio que «vivía prácticamente a merced» del inculpado, que estaba «aterrorizada» y que «llegó a caer en el infierno de la heroína para tratar de borrar de su mente estos hechos».

«En San Sebastián había alguien que tenía un estudio de fotografía que les prometía que su sueño -de ser modelos- podía hacerse realidad. La puerta de entrada perfecta. Lo que no sabían era que la puerta de entrada llevaba previamente a otro sitio mucho más oscuro en el que ninguna de ellas querría estar», ha señalado Bermúdez.

El representante del Ministerio Público ha mantenido también que el encausado elaboró pornografía infantil, una afirmación que ha sustentado en la minoría de edad de varias de las afectadas cuando se captaron sus imágenes en sus sesiones.

Ha insistido en la «irrelevancia» de que las chicas pudieran haber suscrito un contrato para la captación de sus imágenes, ya que el consentimiento para este tipo de casos resulta «irrelevante» si se trata de menores de edad.