Ley de memoria y bochorno democrático

El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Memoria Democrática contra el criterio de los jueces

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó, con la oposición de una minoría de sus vocales, su informe muy crítico con el proyecto de ley de «memoria democrática» del gobierno, en el cual se oponía expresamente  a medidas como el cierre de fundaciones o la prohibición de actos públicos en defensa o reivindicación del franquismo o sus logros.

El proyecto contiene preceptos dirigidos a la disolución del la Fundación Francisco Franco y a la prohibición de actos de reivindicación de su figura o su régimen político.

El CGPJ cuestionaba la constitucionalidad de tales medidas que vulneraría la libertad de expresión.

El dictamen salió adelante por 15 votos frente a seis y subrayaba la necesidad de proteger el derecho de reunión frente a las pretensiones de la ley de impedirlo al amparo de la supuesta memoria democrática de parte.

El CGPJ, que alertaba del riesgo de que se tutele «de forma asimétrica» la dignidad de las diferentes víctimas de este período histórico, en función de su procedencia. De tal manera, el proyecto remitido por el gobierno hace clara discriminación de las víctimas de un bando en relación a las víctimas del otro bando.

Denunciaba también «falta de taxatividad» cuando invoca como motivo para cerrar fundaciones el que «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo», al dejar un «amplísimo margen de apreciación» para evaluar sus extinción.

En cuanto a los actos públicos, alertaba el CGPJ de que el Tribunal Constitucional ya señaló que el derecho de manifestación «no puede ser sometido a controles de oportunidad política ni a juicios en los que se emplee como canon el sistema de valores que cimientan y dan cohesión al orden social en un momento histórico determinado».

Otro de los principales aspectos del anteproyecto es la nulidad de las condenas por motivos políticos del franquismo, algo que el Consejo General del Poder Judicial entiende que ya está recogido con la declaración de «ilegitimidad» de la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007.

También se plantea por vez primera una definición de «víctima de la Guerra Civil y la dictadura», algo que para el Consejo «se mueve en un plano estrictamente administrativo de reconocimiento, protección y resarcimiento de las víctimas», porque «el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal»

El Gobierno sin embargo ha ignorado gran parte del contenido de informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de ley.

El mismo gobierno que operó la rebaja punitiva de las injurias al rey y del enaltecimiento del terrorismo, para solaz de los secesionistas ya indultados, sostiene la inclusión como enaltecimiento del totalitarismo la reivindicación del franquismo, creando el primer delito de opinión de la historia de la democracia española.

Ya la diputada de Bildu, Pozueta valoró favorablemente en la Cámara Baja que el Ejecutivo no compartiera los planteamientos recogidos en el informe del CGPJ que consideró «marcado por la ley de secretos oficiales franquista…Es un informe que es pura apología del franquismo y cuesta creer que el máximo poder de los jueces haga una defensa de una dictadura y sus crímenes», manifestó la diputada bilduetarra, uno de cuyos hijos fue condenado por la Audiencia Nacional en el caso Alsasua, cuando unos radicales independentistas agredieron a miembros de la Guardia Civil de paisano.