El Gobierno nombra fiscal general a Álvaro García, número dos de Delgado

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El Gobierno ha propuesto a Álvaro García Ortiz, durante estos años número dos de Dolores Delgado, como nuevo fiscal general del Estado tras la dimisión de la también exministra.
El Consejo de Ministros, reunido este martes, ha acordado que sea García Ortiz quien tome el relevo de Delgado, que ha trabajado durante estos años como su mano derecha en el cargo de fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica, un órgano de apoyo a la fiscal general del Estado, según informan a Efe fuentes del Ejecutivo.

A la Secretaría Técnica llegó en marzo de 2020, poco después de que Delgado se convirtiese en fiscal general del Estado, que lo recibió poniendo en valor la entrada de «un nuevo equipo que tiene detrás un proyecto ambicioso, ilusionante, al servicio de la ciudadanía y de la institución».

Durante varios años fue también miembro del Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía, por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que presidió y a la que también pertenecía Dolores Delgado hasta que ocupó la cartera de ministra de Justicia, antes que la de fiscal general.

Natural de Salamanca, ha pasado por destinos como Menorca o Santiago de Compostela.

En Galicia ha desarrollado la mayor parte de sus 18 años de carrera profesional. Allí fue fiscal delegado de Medio Ambiente y participó en el juicio del caso Prestige, un proceso que comenzó en 2003 tras el hundimiento del petrolero con 77.000 toneladas de fuel frente a las costas gallegas el 13 de noviembre de 2002 y que 16 años después tuvo su respuesta definitiva en el Supremo.

También ha dirigido investigaciones sobre incendios y fue quien realizó el informe elaborado sobre las posibles causas delictivas de los incendios forestales de octubre de 2017, después de que el entonces presidente de la Xunta y ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablase de una actividad «delictiva homicida» y llegase a plantear el delito incendiario como «terrorista».

García Ortiz fue tajante al respecto tras el análisis de la Fiscalía y aseguró que no tenían «evidencias de la existencia de ninguna trama» incendiaria.