El gobierno traspasa instituciones penitenciarias al País Vasco: 3 prisiones, 966 reclusos

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El Estado y el País Vasco firman este lunes el traspaso de la gestión de las tres prisiones vascas al gobierno de Ajuria Enea, con 966 reclusos, si bien la transferencia efectiva no se hará hasta el 1 de octubre. La firma responde a los pactos de investidura de Pedro Sánchez con el PNV y Bildu y se enmarca en la política previa de acercamientos al País Vasco de la práctica totalidad de los presos de ETA. Muchos interpretan la cesión competencia sobre las cárceles vascas como el paso previo a la concesión de regímenes de semilibertad para los terroristas de ETA.
El País Vasco cuenta con tres centros penitenciarios que albergan actualmente a 966 internos (888 hombres y 78 mujeres). Son los de Basauri, en Bizkaia, con 149 internos; Nanclares (Alava) -la más grande y moderna-, con 623 internos, y Martutene (Gipuzkoa), con 194 reclusos.
Los tres centros penitenciarios serán traspasados. Además, cuando se termine la nueva prisión guipuzcoana de Zubieta, costeada por el estado, pasará a depender del Gobierno Vasco, y a su vez éste devolverá la actual Martutene al español, que la cerrará.
Las obras de construcción de Zubieta fueron adjudicadas por el Gobierno de Sánchez el pasado mes de marzo por 39 millones, con su apertura prevista en la primavera de 2023.
La transferencia también incluye el edificio de la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada y ya no acoge a población reclusa.
También se transferirá a Euskadi el personal que atiende a las tres prisiones: 620 funcionarios de instituciones penitenciarias y 50 laborales, que a partir de ahora cobrarán del Gobierno Vasco.
El acuerdo contempla una valoración del traspaso de prisiones en 70 millones. El cálculo se ha hecho aplicando el 6,24 % -lo que paga Euskadi de Cupo al Estado- a los 1.121 millones que figuran en los presupuestos del Estado para Instituciones Penitenciarias. En el futuro, Euskadi descontará esos 70 millones del Cupo anual que paga al Estado.
Se transfiere la gestión de las prisiones, es decir, la competencia sobre su organización y funcionamiento. Se trata de una aspiración prevista en el Estatuto de Gernika y que ya ejerce Cataluña pero que el Estado se había reservado en función de la política penitenciaria, tanto en lo que se refiere a la dispersión de los presos como en lo relativo a la obtención de información de la banda en las prisiones.
La legislación establece que son las Juntas de tratamiento de cada prisión las que deciden, por ejemplo, proponer traslados o la progresión de grados, todo ello bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.
Este punto es el que mas polémica política ha causado, por las sospechas de partidos como el PP, Vox o C’s en torno a que esta transferencia podría beneficiar a los presos de ETA.  En el mismo sentido se han manifestado las asociaciones de víctimas del terrorismo.
El Gobierno Vasco ha señalado que su intención es potenciar la reinserción de todos los reclusos, objetivo que figura en la Constitución. La vía que se suele usar para ello en todas las prisiones son convenios con ONGs para que los presos hagan voluntariado y se reintegren en la sociedad, aunque, como se ha citado, el Gobierno vasco puede poner el camino, pero son cada Junta de Tratamiento y el juez los que deciden.Este lunes se firman además otros tres traspasos, como la transferencia del transporte por carretera. Supone que Euskadi asumirá las autorizaciones a operadores y concesionarios de transporte, así como la gestión de los exámenes de competencia profesional.
El País Vasco también recibirá el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN -el registro de autenticidad de las publicaciones-.