¿Espanya ens roba?

El independentista Roures vuele a pedir ayuda al estado español: ahora, 230 millones

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Tal y como informa El Confidencial, la situación del grupo audiovisual Mediadro, presidida por Jaime Roures, es tan complicada que no puede hacer frente a sus deudas, razón por la que ha cursado oficialmente otra petición de rescate al Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

El grupo audiovisual pide unos 230 millones de euros a la SEPI para evitar que los acreedores se queden la compañía ante la espantada del socio chino mayoritario.

Roures, amigo personal y político del ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, endeudó al grupo en 2018 en 920 millones de euros. La operación coincidió con la adquisición del 54% del capital por parte de Orient Hontai a mediados de 2018 por 1.016 millones de euros.

En Agosto de 2020 Mediapro pidió un préstamo de 125 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, el banco público dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y de la Ministra Nadia Calviño, le concedió la cantidad, nada desdeñable, 55 millones. Muchos han querido ver en la posible incorporación de Pablo Iglesias al grupo Mediapro, tras su salida de la política activa, un ejemplo escandaloso de puerta giratoria.

Ahora, Mediapro, cuyo presidente Roures ha apoyado la independencia de Cataluña, vuelve a acudir al Estado ante una coyuntura que los acreedores califican de crítica. La realidad es que o la SEPI le concede los 230 millones de euros o el grupo audiovisual pasará a manos de los bancos este verano. La puerta giratoria de Iglesias podría estar atascándose.

En 2018 el Ministerio de Hacienda envió un requerimiento a la Generalitat de Catalunya con una lista de 50 empresas, entre las que se encontraba Mediapro, para que se detallaran los pagos o ayudas otorgados desde 2015 a personas, empresas y medios que podrían haber financiado y colaborado en el procés o en el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Los posibles inconvenientes para que Mediapro vuelva a ser rescatado por el estado español son de índole económico, técnico y político. Por un lado, el grupo tiene accionistas privados con recursos suficientes para volver a inyectar capital; por otro, no es fácil demostrar que la empresa tenga carácter estratégico; en tercer lugar, el escándalo de la incorporación de Iglesias unido a la refinanciación injustificada, salpicaría a Pedro Sánchez, que no pasa por su mejor momento de popularidad; en cuarto lugar, haría saltar las alarmas comunitarias por dumping empresarial, y por último generaría la animadversión de los demás grupos de comunicación, por el consiguiente agravio comparativo.

En todo caso, la caída de Mediarpo, con o sin ayudas, parece cuestión de tiempo.

El 14 de diciembre de 2015, la sede social y otras dependencias de empresas filiales de Mediapro fueron registradas por agentes especiales del FBI y de la UDEF en el marco de una investigación por soborno y blanqueo de capitales que dirigía la fiscalía estadounidense contra la antigua cúpula de la FIFA, sospechosa de corrupción, en relación con el negocio de retransmisión del Mundial del Brasil.