El PP pide al juzgado que investiga Plus Ultra que reclame las cintas del Delcygate

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«La irregular concesión por el Gobierno español de ayudas económicas a una empresa participada en su capital social por empresarios venezolanos vinculados a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la participación directa de algunos miembros del Gobierno bien podría guardar relación con la incomprensible vulneración de las restricciones de acceso o tránsito por la Unión Europea, así como el hecho anómalo y sospechoso de haberse permitido introducir a la nombrada vicepresidenta venezolana carros repletos de maletas, sin ningún control aduanero en España, con la muy extraña presencia y amparo del ministro Ábalos.»

Así reza el escrito dirigido por el PP al Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid que abrió diligencias el pasado mes de abril a tenor de la querella presentada por Manos Limpias contra todo el Consejo de Administración de la SEPI por dar luz verde al rescate de la compañía aérea Plus Ultra con 53 millones de euros. La magistrada Esperanza Collazos consideró que podía haber indicios de infracción penal y requirió a la sociedad pública para que expidiera el expediente completo que autorizó la ayuda a la compañía.

Por ese motivo, ha solicitado a la magistrada que investiga si hubo irregularidades en la ayuda de 53 millones de euros a la compañía, que incorpore al procedimiento las cintas que grabaron de la estancia en el aeropuerto de Barajas de Delcy Rodríguez, número dos de Maduro, la noche del 19 al 20 de enero de 2020, y el proceloso asunto de las posibles maletas sacadas del avión en el que viajaba y eventualmente trasladadas fuera del aeropuerto con destino desconocido.  El Partido Popular solicita de la magistrada que requiera a Aena la «entrega inmediata» de todas las cintas obtenidas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para evitar su destrucción.

El Partido Popular vincula los hechos ocurridos en el Delcygate con el rescate de la compañía aérea Plus Ultra y solicita a la magistrada que investigue la conexión que hubiera entre ambos extremos, y reclama que se facilite al juzgado de Plaza Castilla información de las empresas encargadas de la grabación así como un listado de todas las personas que los días 19 y 20 de enero prestaron servicios en la terminal en la que aterrizó el avión.

El Partido Popular considera que pudo existir un delito de malversación de caudales públicos. Los 53 millones de euros concedidos salieron de los fondos estatales reservados a empresas afectadas por la crisis del coronavirus y su concesión a la línea aérea fue, para los populares, completamente «irregular». No descarta el PP que estos hechos puedan ser constitutivos de delitos como corrupción o contrabando. Plus Ultra está participada en un porcentaje muy elevado por empresarios de nacionalidad venezolana que mantendrían «estrechas relaciones» con Camilo Ibrahim, empresario venezolano de máxima confianza de Delcy Rodríguez y el gobierno de Nicolás Maduro.