Apagón por Decreto

El régimen sancionador del decreto de ahorro es inaplicable

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El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado este jueves que el Real Decreto Ley de ahorro energético es inaplicable desde el punto de vista sancionador porque el Gobierno no ha especificado «hasta cuándo hay que mantener apagados los escaparates y hasta cuándo hay que mantener apagados los edificios públicos».

«Todas las normas restrictivas de derechos y sancionadoras tienen que estar perfectamente delimitadas. Si la ley no dice cuánto tiempo se tienen que mantener apagados los escaparates y un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado», ha argumentado Ossorio en declaraciones a los medios en Móstoles.

Aunque ha dicho que hay que cumplir el Real Decreto Ley, Ossorio cree que el Gobierno de Pedro Sánchez «se tiene que dar cuenta de que ellos son los propietarios de la norma hasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado» y ve una «torpeza increíble» olvidarse «de decir cuánto tiempo tienen que estar apagados los escaparates y los edificios».

«Es que es un error absolutamente garrafal», ha asegurado.

Además, ha añadido que este real decreto también incumple el Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo del año 1997, que establece que las actividades que denomina de trabajo ligero, como son las del comercio y la hostelería, no puede haber más de 25 grados.

«Por tanto, está incumpliendo un decreto que regula la seguridad de los trabajadores y, en esta medida, ya se ha vuelto inaplicable», ha añadido.

También ha comentado un estudio de varios catedráticos y profesores universitarios que dicen que el régimen sancionador «se ha articulado mal», que probablemente es «inconstitucional» y que va a suceder «exactamente igual que con las sanciones del Estado de Alarma, que no se podrán cobrar esas multas».

«Así que ahí tenemos ese estudio que pone de manifiesto que está mal articulado el sistema sancionador», ha agregado.

Ossorio ha señalado que el Gobierno aprueba medidas que quiere que lleven a cabo las comunidades autónomas, lo que a su juicio es un tema «triste», y ha reprochado que a los gobiernos autonómicos les haya «caído una tarea imposible» cuando ya tienen organizados los servicios de inspección.

Ha reiterado que la Comunidad de Madrid recurrirá el real decreto ley al Tribunal Constitucional por invasión de competencias de las comunidades autónomas y, aunque no se plantea «incumplirlo» seguirá haciendo un análisis jurídico durante «tres meses», el plazo que tiene la región para ese recurso, ha detallado.