El Supremo autoriza exigir el pasaporte covid para acceder a la hostelería en Galicia

Javi Martinez. 2/11/2018. Madrid. Comunidad de Madrid. Fachada del Tribunal Supremo en dila en que la fiscalía del Estado presenta los cargos contra los Politicos Catalanes del Proces.. Edificio
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El Tribunal Supremo ha autorizado la obligación de exhibir el pasaporte covid en establecimientos de ocio y restauración de Galicia, una medida acordada por la Junta en agosto para zonas de alta incidencia, pero que no logró el avala jurídico del Tribuna Siuerior de Justicia de Galicia.

La Sección cuarta de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha estimado ahora el recurso del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo contra el Auto del TSJ que rechazó la obligación del pasaporte, y  considera la medida como idónea, necesaria y proporcionada.

Los magistrados estiman que «el beneficio», «respecto de la reducción de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local», y les parece -a ellos, meros juristas sin formación científica alguna- «que resulte más adecuada para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, en ese tipo de locales».

Es el mismo TS que no avaló esta medida para Andalucía, pero la sentencia aclara que en ese caso no se había justificado la necesidad de la medida que se había extendido al conjunto del territorio andaluz de forma general, aplicable a toda la población y municipios con independencia de la tasa de incidencia y sin vinculación a situación sanitaria y evolución.

En esta ocasión, argumenta el Tribunal Supremo, podría haber una «tenue» limitación de derechos fundamentales a la igualdad o a la intimidad en favor del derecho fundamental a la vida y a la protección de la salud.

No hay vulneración del derecho a la igualdad, dice la Sentencia, porque no se discrimina entre aquellos que están vacunados y quienes no, al poder optar por varias opciones, de modo que quien no quiera mostrar si ha sido o no vacunado puede presentar el resultado de la prueba PDIA o el test de antígenos o el certificado de recuperación de la covid-19 si ha pasado la infección. La desigualdad no se produce, sin embargo, entre esos colectivos, sino entre quienes consienten y quienes no quieren consentir el control.

En todo caso, dice el tribunal, hay una justificación objetiva y razonable para permitir o no el acceso a un establecimiento, según se haya cumplido tal exigencia, pues se trata de la protección de la salud y la vida de las personas, con la finalidad de evitar o restringir la propagación de la pandemia.

El Supremo no aprecia que se vulnere el derecho a la intimidad y rechaza la prevalencia de este derecho frente al derecho a la vida y a la protección de la salud pública. “Es cierto que se trata de una información médica, pero las connotaciones que impone la situación de pandemia, el carácter masivo de la vacunación y la solidaridad que comporta la protección y ayuda entre todos, devalúa la preeminencia de la intimidad en este caso”, argumenta, abriendo la puerta a que por esa vía del interés general el derecho a la intimidad vaya perdiendo cada vez más espacios constitucional.

Descarta asimismo la vulneración del derecho fundamental a la protección de los datos personales porque solo se exige «la mera exhibición» de la documentación sin que «puedan recogerse los datos de los asistentes a tales locales, ni pueda elaborarse un fichero, ni hacer un tratamiento informático al respecto”.

El Supremo concluye que la medida resulta «necesaria, idónea y proporcionada para conseguir el fin perseguido» en lugares de ocio que «no permiten el uso constante y permanente de la mascarilla, que debe necesariamente retirarse para comer y para beber».

También son establecimientos -dice de forma un tanto pintoresca la Sala- donde «resulta difícil mantener la distancia de seguridad, se suele conversar con un tono de voz más alto, o incluso cantar, lo que favorece la inhalación de gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un contagiado”, que es “la principal vía de trasmisión del SARS-CoV-2”, según señala los informes aportados por la Xunta.

Además, el Supremo tiene en cuenta de que ese gobierno no ha implantado la medida de forma indiscriminada en todo el territorio, sino que establece una suerte de mapa que gradúa la incidencia de la pandemia en cada lugar y los diversos niveles de restricción según la gravedad de la incidencia de la covid-19 en los diferentes municipios.

Y lo hace con carácter temporal, adecuada a la realidad necesariamente cambiante por lo que ha sido justificada respecto de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Discrepa del fallo el magistrado Antonio Jesús Fonseca, quien firma un voto particular en el que considera que la exigencia del pasaporte Covid afecta a los derechos de igualdad e intimidad de forma «severa, extensa e intensa, y no leve.