El TC declara nula la trampa del Gobierno por la que Iglesias entró en la Comisión del CNI

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado y declarado inconstitucional la disposición adicional segunda del Decreto-Ley 8/2020 de 27 de marzo por el que se adoptaban medidas urgentes con motivo de la pandemia del coronavirus. Dicho Decreto Ley fue utilizado por el Gobierno para meter de matute al exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias,  en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia, que supervisa y regula los trabajos del CNI.

El Tribunal Constitucional ha adelantado el fallo de la sentencia, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, que estima por mayoría el recurso presentado por Vox contra el decreto-ley  del Gobierno y que cuenta con el voto particular del magistrado de izquierdas Cándido Conde-Pumpido.

En concreto, los magistrados declaran la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición adicional segunda, metida con calzador y desnaturalizando la propia finalidad del decreto, cuya única finalidad era forzar el ingreso de Iglesias  en la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley.

Y ello, continúa, «obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento».

Vox denunciaba en su recurso el «truco» utilizado  por el Gobierno para «blindar» a Iglesias, en la comisión del Ejecutivo que controla el Centro Nacional de Inteligencia.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó que la presencia de Iglesias «tiene poco misterio» y se le incluyó para que el gobierno de coalición funcione «lo mejor posible». El propio Iglesias enmarcó su presencia en la «normalidad democrática».

La comisión está presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del CNI.

Se reúne cada año para elaborar la Directiva de Inteligencia, un documento en el que se establecen los objetivos del CNI para esa anualidad, y tiene también entre sus funciones hacer un seguimiento de su desarrollo.

Este documento es secreto y solo tienen acceso a él los miembros de la comisión y el magistrado del Supremo que controla al CNI.