Agresión de Alsasua a guardias civiles

El Tribunal Europeo de Derecho Humanos rechaza la demanda de los condenados de Alsasua

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha admitido a trámite la demanda presentada por los filoetarras de Alsasua condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus novias en octubre de 2016

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la plataforma Altsasu gurasoak, integrada por padres de los violentos que fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión, sentencia que rebajó la inicialmente dictada por la Audiencia Nacional, que no apreció terrorismo en los hechos.

La resolución ha sido dada a conocer a través de las redes sociales por Iñaki Abad, uno de los condenados, quien, en su cuenta de Twitter, indica: «Finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no admite a trámite nuestra demanda».

Fue hace «unas pocas semanas» cuando sus abogados recibieron la notificación, según han explicado los familiares, que han señalado que con esto «se acaba el proceso judicial, no hay posibilidad de recurso».

Sentencia del Supremo

Tras el recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo dictaminó finalmente unas penas de entre un año y medio y nueve años y medio de cárcel para los ocho encausados. Al agotar las vías judiciales en España, optaron por recurrir al TEDH.
Cabe recordar que en octubre de 2019 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó de forma notable las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los ocho violentos de Alsasua implicados en la agresión a dos guardias civiles y sus novias en la madrugada del 15 de octubre de 2016. Las penas quedaron reducidas a entre 9 años y medio de cárcel la más alta y hasta el año y medio de prisión la más baja.
La sentencia de la Audiencia Nacional había dictado en esta causa condenas de entre 13 y 2 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, aunque no se les penó por delitos de terrorismo que sí aparecían en los escritos de acusación de la Fiscalía tanto en primera instancia como en apelación.
La reducción de penas, que se argumentó en una amplia resolución que se extiendía a lo largo de 449 páginas, se debe a la no aplicación de la agravante de discriminación ni la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, así como a la supresión a dos de los acusados de alguno de los delitos de lesiones por falta de pruebas por los que habían sido inicialmente condenados.
No obstante, la sentencia seguía siendo condenatoria porque el Supremo indicó que existió prueba bastante y válida de las agresiones y lesiones físicas y psicológicas causadas a las víctimas para condenar por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. La resolución no fue unánime y dos magistrados firmaron un voto particular favorable a haber mantenido la agravante de discriminación.