España paga 15 millones y 89.000 euros diarios a la U.E. por retraso en transponer Directiva

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El pasado 25 de febrero la Unión Europea sancionó al Gobierno de España con una multa de 15 millones de euros por no haber incorporado al ordenamiento jurídico interno, antes de la fecha límite de mayo de 2018, su directiva sobre la protección de datos de los ciudadanos en los tratamientos que de ellos hagan las Fuerzas de Seguridad del Estado, los órganos judiciales y la Fiscalía.

No solo eso, además de la multa de 15 millones de euros España está condenada a abonar otros 89.000 euros por cada día de retraso añadido.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) nunca antes había combinado las dos sanciones a otro estado miembro.

La Directiva es la 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, «relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo».

Esta directiva entró en vigor el 6 de mayo de 2016 y exigía su transposición al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro antes el 6 de mayo de 2018.

Esta normativa fue incorporada progresivamente por todos los estados miembros, salvo España.

La sentencia defiende que con esta directiva «se establece un marco para la protección de los datos personales sólido y coherente con el fin de garantizar el respeto del derecho fundamental a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales«.

En julio de 2018 la Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento contra España, por no haber incorporado al ordenamiento nacional dicha legislación, esencial para la protección de datos de los ciudadanos, pese a haber pasado varios meses desde el vencimiento de la fecha ‘tope’ del 6 de mayo de 2018 y pese a haber recibido reiterados apercibimientos.

El Gobierno español alegó «circunstancias institucionales muy excepcionales» derivadas de su situación de gobierno en funciones. Ante la persistencia de la demora del gobierno en funciones, en julio de 2019, la Comisión Europea pasó el caso en manos de la Justicia comunitaria.

Sin embargo, a fecha de 11 de mayo, la norma sigue sin entrar en vigor en España. La iniciativa dentro del gobierno coalición correspondía al Ministerio del Interior y, por razones que se desconocen, este hizo caso omiso al procedimiento abierto por la Comisión contra España.

El 9 de febrero de 2021 el Consejo de Ministros aprobó por fin un proyecto de ley para regular el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, que todavía se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. 

Los jueces europeos argumentaron que los 89.000 euros diarios de multa buscaban evitar que el Gobierno español reincida en el futuro en «infracciones análogas que afecten a la plena efectividad del Derecho de la Unión Europea».