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5.000 madrileños esperan una vivienda social, mientras los okupas campan a sus anchas

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La usurpación de la propiedad privada, conocida como okupación, se ha convertido en un problema socioeconómico de primera magnitud. Las sentencias condenatorias por este tipo de delito se han multiplicado por doce durante la última década.

La Comunidad de Madrid cifra en 5.000 personas la lista de espera para acceder a una vivienda social en la región y calcula que más de 2.000 de estos inmuebles de titularidad pública se encuentran en este momento okupados.

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Así lo ha desgranado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, esta semana en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, quien ha asegurado que no se puede ser «comprensivo» con ese fenómeno de la ocupación ilegal.

«Nos gastamos entre 3 y 4 millones de euros al año en intentar que no nos okupen vivienda social. A pesar de todo a veces entran con radiales, existe una okupación muy agresiva y con mafias», ha expuesto el consejero, quien ha puesto el foco en las familias a las que se le priva del derecho a la vivienda, especialmente en casos como los inmuebles rehabilitados para personas con diversidad funcional.

En esta línea, también ha subrayado la importancia de evitar la morosidad de aquellos morosos que, a pesar de pagar alquileres muy bajos, no pagan las cuotas «regularmente». «Todo el mundo tiene que cumplir», ha zanjado.

Para evitar este fenómeno, ha recalcado que desde el Ejecutivo regional se ha conformado una Mesa de Vivienda y Okupación, conformada por el área de Pérez, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas; y el Ayuntamiento de Madrid.

«Nuestra filosofía es que cada okupación ilegal usurpa el derecho de alguien, ya sea de la propia Administración o de un propietario privado», ha recalcado Pérez, quien ha instado a desarrollar una legislación nacional que clarifique las etapas de la okupación para poder así actuar contra ella de forma más eficiente.

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Por otro lado, Pérez también ha criticado las políticas de vivienda de la izquierda y el preacuerdo de gobierno entre los socialistas y Unidas Podemos, ya que entiende que sus recetas para la vivienda son «contraproducentes», como, por ejemplo, establecer un máximo en el precio del alquiler. «En Madrid capital, por una ideología determinada se puso freno al desarrollo urbanísticos durante cuatros años se paralizaron la construcción de viviendas», ha apuntado Pérez.

Por ello, según el consejero, ha subido el precio de los arrendamiento y ha cifrado en un 15 por ciento los propietarios del mercado del alquiler de la capital que retiraron sus inmuebles del mismo durante el mandato de Ahora Madrid.