EN SUBVENCIONES

Anticorrupción pide 26 años de cárcel para la cúpula de UGT por fraude

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 26 años de cárcel y 200 millones de multa para la anterior cúpula de UGT Andalucía por desviar 40,7 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para financiarse de forma irregular a través de una supuesta trama de facturas falsas y alquileres ficticios de aulas donde se impartían cursos de formación entre los años 2009 a 2013.

En concreto, los investigados son Francisco Fernández, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y la responsable del departamento de Compras de UGT-A, a la que le pide cinco años de prisión.

Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, además les solicita el pago de una indemnización, conjunta y solidariamente, de 40,7 millones de euros -que es la cantidad supuestamente defraudada-, y a la responsable del departamento de Compras el pago de 4,2 millones.

Además de a estos cinco excargos, Fiscalía Anticorrupción acusa a nueve personas, que eran proveedores del sindicato, a los que pide tres años de prisión y multas de 3.650 euros.

Anticorrupción ha formulado este escrito de acusación después de que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla dictara un auto a principios de este mes de diciembre en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas del sindicato contra estos exaltos cargos y proveedores, una resolución en la que concluyó el magistrado que «el cómputo global de las cantidades defraudadas» en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta a la organización sindical, en los que se ha contado con la información documental necesaria, «asciende a 40.750.047,74 euros».

Cabe recordar que el juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso dada su «situación de incapacidad sobrevenida», tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.