CONTRA EL ARGUMENTO ESGRIMIDO POR EL GOBIERNO

Así tipifican los países europeos las alteraciones del orden constitucional

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La vicepresidenta Carmen Calvo anunció que el Gobierno quiere reformar el Código Penal para revisar la tipificación de los delitos de rebelión y sedición y beneficiar así a Oriol Junqueras y al resto de golpistas presos. Desde el Ejecutivo señalan que el objetivo es «equiparar la legislación española con la comunitaria». Pero la realidad es otra: nuestro Código Penal en materia de sedición o rebelión es similar al de otros países europeos.

En España, las penas por sedición están reguladas en virtud del artículo 545 del Código Penal, que dice lo siguiente: «Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad».

Además, la norma estipula que se impondrá a los condenados la «inhabilitación absoluta por el mismo tiempo» de condena. La rebelión, por su parte y entre todos los supuestos, lleva aparejadas penas que comprenden entre cinco y 25 años de prisión y también contempla la inhabilitación.

Según recoge ABC, en algunos países de la Unión Europea las penas por comportamientos similares al delito de sedición español -entre ocho y quince años- son incluso mayores. En Alemania, por ejemplo, se contempla la cadena perpetua para intentos violentos de alterar el orden constitucional. En Italia, por su parte, los atentados contra la unidad del Estado están penados con condenas de prisión superiores a doce años.

Asimismo, en Francia, los condenados por sedición también reciben severas penas de privación de libertad que pueden llegar hasta los quince años. En Portugal, por su parte, la ausencia de separatistas evita tensiones judiciales. No existen partidos independentistas, las dos únicas regiones autónomas vigentes corresponden a los archipiélagos de Madeira y de Azores, pero con un número muy limitado de competencias y sin tensiones separatistas.

Si el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y que cuenta con Pablo Iglesias como vicepresidente lleva a cabo esta reforma y las condenas por rebelión o sedición terminan reduciéndose, cabe esperar que ocurra lo mismo con las penas de inhabilitación, un hecho facilitaría la reactivación de las carreras políticas de todos los líderes separatistas después de orquestar el golpe del 1 de octubre en Cataluña.