ESTE MARTES SE CONOCERÁ LA SENTENCIA

Escándalo de los ERE: la tardanza en la instrucción puede rebajar las penas de los cargos socialistas

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El caso de los ERE de la Junta de Andalucía, la mayor trama corrupta de la democracia, se enfrenta este martes a su día D, el de la sentencia, el momento más esperado y temido por los veintiún exaltos cargos del Gobierno autonómico socialista que se sentaron en el banquillo de los acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por distribuir 680 millones de euros con un sistema ilícito de ayudas -en un principio eran más de 800-.

Casi nueve años después de que la juez Mercedes Alaya, a raíz de su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abriese diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis, y casi un año después de que acabase un larguísimo juicio oral, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha citado a todos los procesados a las 12.00 horas de este 19 de noviembre para comunicarles el fallo.

Según publica El Independiente, precisamente la tardanza en la instrucción del caso ERE abre la puerta a una eventual rebaja de pena por posibles dilaciones indebidas. La Constitución consagra el derecho que tiene todo justiciable a «un proceso público sin dilaciones indebidas», es decir, a que su causa se dilucide en un tiempo prudencial. Para resarcir eventuales desviaciones, el Código Penal prevé en su artículo 21.6 que un hipotético retraso es motivo para que se atenúe la responsabilidad criminal, siempre que la demora no sea atribuible al inculpado y no sea proporcional a la complejidad del caso.

Es preciso señalar que el abanico de peticiones de condena por parte de la Fiscalía Anticorrupción es triple: La más suave es la de diez años de inhabilitación por prevaricación; la más dura, ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación más 30 de inhabilitación; y hay otra de seis años de prisión y el mismo periodo de prohibición de ostentar cualquier cargo público.

Manuel Chaves pertenece al grupo de encausados a quienes los fiscales ‘sólo’ acusan de prevaricar, frente a los seis años de cárcel y 30 de inhabilitación que solicitan para su sucesor, José Antonio Griñán, debido a su actuación como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009).