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EL ABOGADO VÍCTOR VALLADARES

Denuncian a Sánchez ante el Supremo por imprudencia al permitir el aquelarre del 8-M

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La primera denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegará este jueves al Tribunal Supremo.

El abogado Víctor Valladares ha asegurado que acudirá a la Sala de lo Penal para solicitar diligencias contra Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y delitos de lesiones por imprudencia profesional al permitir la manifestación del 8 de marzo, según recoge Vozpópuli.

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El abogado se dirige al Alto Tribunal unas horas después de que un juzgado de Madrid acordara abrir una investigación penal contra el delegado del Gobierno en la comunidad para comprobar si cometió delito al autorizar marchas como la del 8-M pese a los datos sobre la epidemia de coronavirus que con los que ya se contaba en esas fechas tras su denuncia.

El letrado ha anunciado su intención de que se investigue a Sánchez por las autorizaciones concedidas para la celebración de actos multitudinarios sabiendo la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de fecha 2 de marzo de 2020 sobre el Covid-19.

Valladares ha modificado la denuncia que ya fue presentada en el juzgado de guardia antes de elevarla al Alto Tribunal. El nuevo documento abarcará dos presuntos delitos: el de prevariación administrativa y el de lesiones por imprudencia profesional. Este último ha sido añadido a última hora, después de que se analizara el auto de la juez de Madrid en el que se advierte que ésta sería la calificación jurídica pertinente.

El Código Penal establece penas de prisión de entre tres meses y tres años para aquel que, por imprudencia grave, cause una lesión que menoscabe la integridad corporal o la salud física de otro que se vea en necesidad de un tratamiento médico o quirúrgico. La pena podría alcanzar hasta los 12 años de prisión en caso de que el perjudicado perdiera algún órgano principal. “Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años”, consta en la norma.

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