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TRAS DOS DEMANDAS

Investigan la gestión del Ministerio de Justicia ante la epidemia tras dos demandas

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Jueces, fiscales y abogados cargaron contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incluso pidieron la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, por las medidas “insuficientes” adoptadas para hacer frente al coronavirus.

Según recoge Vozpópuli, ahora, el Sindicato Judicialización del Secretariado Judicial ha elevado el reclamo en dos demandas contra el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Cataluña. Los Juzgados de lo Social número 41 de Madrid y número 12 de Barcelona han estimado en parte las peticiones.

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Ha presentado tres solicitudes concretas. En primer lugar, ha pedido que se ordene a la Administración facilitar “de forma inmediata (…) a los integrantes de los órganos judiciales que deban realizar sus funciones, durante la vigencia de la epidemia, los equipos individuales de protección”. El sindicato ha amparado su reclamación en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. “Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”, ha insistido en sus demandas.

En concreto, ha requerido mascarillas, guantes, geles desinfectantes y gafas a los letrados de la Administración de Justicia para protegerles del contagio. Asimismo, ha solicitado que se evalúe “individualizadamente” los riesgos que asumen los funcionarios en su trabajo y ha reclamado que se paralicen las actividades mientras el personal no disponga de esos medios de protección.

Según este medio, la juez de Madrid ha accedido a los puntos uno y dos, y ha ordenado al Ministerio de Justicia y al Gobierno autonómico que entregue mascarillas, guantes y gel desinfectante a los letrados de la administración de Justicia.

Ambos magistrados -la de Madrid y el de Barcelona- han urgido a Justicia a que evalúe los riesgos del personal judicial que presta servicios esenciales en los juzgados. Para ello, han concedido un plazo de 24 horas a la Administración. El periodo acordado para la capital venció el viernes 20; el de la ciudad condal vence este martes 24. 

Según consta en el auto del titular del Juzgado de Barcelona, “como bien plantea la Inspección de Trabajo, los riesgos primero se valorarán y evaluarán, y luego se tomarán las medidas colectivas e individuales que sean pertinentes”.

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