¿QUIÉN PROTEGE A LOS ABUELOS?

El caso de la jovencita desocupada

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Una joven de 19 años ha recibido el respaldo judicial para quedarse la casa de su abuelo, de 87 años, propietario del piso y que para mayor escarnio tiene a su mujer ingresada con Alzheimer en una residencia.

La joven nieta de 19 años y su novia podrán vivir gratis total en plena calle Atocha de Madrid, sin pago de renta o alquiler alguno, es decir, de okupas total, y lo harán a costa del anciano propietario que, para su desgracia, ha quedado desamparado por la justicia. Ni la nieta ni la novia tienen, al parecer, oficio u ocupación alguna. Se limitan a vivir. A okupar. A echarle morro. A dejarle al abuelo sin piso. Son hijos putativos de Pablo Manuel, que tanto alentaba a los jóvenes a okupar, y de la cultureta suburbana que esa desgracia política ha ido sembrando en la muchachada nacional. Hay que echar al abuelo.

“Nunca”. Así de tajante respondió el abuelo, de 87 años, cuando la magistrada le preguntó si su nieta, a la que denunció por okupar su vivienda, le había pedido permiso para entrar en la casa. Al parecer, la legitimidad de la niña para quedarse con la casa del abuelo estriba, según la magistrada, en que llegó a vivir con su padre en el piso y en una compleja situación familiar (“las cosas sencillas se complican al hablarlas”: Herman Hesse). Los padres se divorciaron y a ella se le garantiza ahora una especie de subrogación gratis total. Es verdad que la niña ha dicho que pagará algo, simbólico, cuando pueda.

La joven ocupa no se habla ni con su madre ni con su abuelo. «Nuestra relación es inexistente», dijo en el juicio, asegurando que su hija intentó agredirla hace tres años. Un regalito. Después de ese episodio, la ingresó en un centro de menores del que se fue por «decisión propia». «Intenté hablar de madre a hija, pero no quiso de ninguna manera”. Aquello parecía un programa de “Hermano Mayor”.

Después de eso, y durante dos años, la niña se fue a vivir con su padre pero al parecer tuvieron una discusión y Paula decidió «vivir su vida» con su novia. La madre y el abuelo contrataron, tras seis meses de problemas y después de denunciarla, a la empresa Desokupa para que intentasen que dejasen la vivienda. El fiscal pedía para ellas el desalojo y una multa de 1.080 euros. Pero la magistrada ha dado al propietario y abuelo con la puerta en las narices.

¿Es razonable esa historia? ¿No sería más normal que la niña y su novia se pagaran un alquiler, incluso trabajando? ¿Qué clase de justicia es esta? ¿Existe el derecho de propiedad, tiene algún contenido?

El caso de la jovencita desocupada que vive de la okupación no es un caso aislado. ¿Quién protege a los abuelos? La magistrada, por ahora, no parece.