LA OBSOLESCENCIA DE ESPAÑA

El Estado en almoneda. Por Fulgencio Coll Bucher

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Cuando un país que ha tenido gran relevancia histórica cae en el desprestigio internacional, es obvio que han debido concurrir circunstancias muy graves. En 1978, España afrontó ilusionada el cambio a un sistema representativo con un alto porcentaje de población de clase media, conformada en el régimen anterior, lo que la habilitaba para afrontar un nuevo orden político. 

El primer obstáculo serio que hubo que superar la Constitución de 1978 fue el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, abortado con la decisiva intervención del Rey Juan Carlos I al ejercer el arbitraje y la moderación de las instituciones del Estado según recoge el art. 56 del texto constitucional. La amenaza del terrorismo vasco se cernía sobre la población.

España también tenía por delante la tarea de superar el ostracismo internacional y encontrar un lugar en el mundo, para lo que habría que redefinir su personalidad nacional y superar la carencia de visión geopolítica. La primera tarea era encontrar un marco de convivencia de libertades y seguridad jurídica, algo que parecía posible con una sociedad cohesionada en su gran mayoría, con un potente idioma, un sistema educativo homogéneo, una sanidad pública para todo el territorio nacional, sin tensiones territoriales al tener un régimen administrativo provincial y un régimen fiscal con peculiaridades insulares.

Qué ha debido de ocurrir para que tras cuatro decenios de vigencia de la Constitución el desequilibrio territorial sea manifiesto, provocando la desigualdad entre los españoles ante multitud de leyes y contradiciendo el principio de la unidad de España como patria común de sus ciudadanos. La pregunta es difícil y su contestación necesitaría el análisis del periodo de vigencia constitucional.

El denominado Estado de las Autonomías es difícil de enmarcar entre los modelos de la ciencia política, no es una federación porque la entidad política existía, no es una confederación porque no se expresa la necesidad de disolución del Estado, tampoco aparenta ser un estado unitario. No está claro si la descentralización autonómica es política o administrativa, la naturaleza de los órganos representativos (Asambleas), el alcance de la delegación de competencias y un largo etcétera que ya en su día puso de manifiesto la necesidad de armonización. Es evidente que el resultado de la “aplicación” de la Constitución no se corresponde con su letra ni con su espíritu.

Esta situación fue degenerando hasta llegar a producirse el acto sedicioso en Cataluña en octubre de 2017. La alocución del Rey Felipe VI, como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, era, como había hecho su padre hacia 36 años, el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales. El hecho fue recibido por la gran mayoría de la población con alivio por la confianza infundida, circunstancia mediáticamente superada por la furiosa reacción de los sediciosos.

No cabe duda que lo ocurrido en Cataluña es muestra de la fragilidad estructural del Estado. La pregunta a contestar es cómo se ha llegado hasta aquí. Cómo pudieron consentirse la realización publicitada de los actos preparatorios del acto sedicioso y que no se reaccionase hasta que se consumara el hecho. Se imagina alguien a Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca y demás socios con un caso a “lo catalán”, con el cabecilla huido, con los partidos sediciosos sin ilegalizar y participando en la gobernabilidad del Estado. 

A lo largo del periodo constitucional, la supervivencia de la estructura partidista ha primado sobre la solidez del Estado. Los clientelismos regionales, la matemática electoral, el medio de vida, el refugio de los mediocres, la practica inconsciente de la versión más degenerada del posmodernismo, el empleo sectario de los medios de comunicación y un largo etc., son sólidos indicios de una alocada carrera a ninguna parte emprendida por los que públicamente han prometido no hacerlo.

Hostigar al Rey es socavar al Estado, se deben de emplear sus medios de protección para mantener la ley y el orden, circunstancia que debe garantizarse por la separación de poderes y el desempeño de la normalidad institucional. No deben desdeñarse las responsabilidades penales de los gobernantes y poner un límite racional a la libertad de expresión, bula ideológica polivalente que se emplea como comodín para evitar cualquier responsabilidad, incluidas las derivadas del ejercicio de los cargos políticos libremente asumidos.

España atraviesa un mal momento, la pandemia azota a la sociedad sanitaria y económicamente, hace falta unidad. Todos somos iguales ante la Ley, pero unos tienen más responsabilidades que otros. Muchos ciudadanos pasan por los cargos políticos pero el Estado permanece y quien lo encarna es el Rey. Los cargos públicos representativos deben ser personas solventes para ejercer el cargo y dispuestos a acatar el orden constitucional, así expuesto parece una perogrullada, pero se comparece con la realidad. El Estado debe autoprotegerse, incluso de los encargados de gestionarlo ya que sus competencias están tasadas. No es sostenible que miembros del Gobierno actúen con deslealtad manifiesta a la promesa efectuada ante el Notario Mayor del Reino. Esa realidad es delito. 

El presente problema de España es la negación de su futuro al instalarse en el pasado. Obsolescencia se llama la figura. FelipeVI es el futuro.