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EN CATALUÑA

El manifiesto del Foro de Profesores contra los que piden ‘diálogo’ con los sediciosos

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El Foro de Profesores, un grupo que agrupa a académicos e intelectuales nacido de la necesidad de crear una plataforma de discusión, apoyo mutuo y difusión de ideas de todos aquellos que tienen en común un compromiso con la unidad de España y respeto al Estado de Derecho, ha salido al paso de la «Petición pública en favor de una negociación política sobre Cataluña» en la que señalan que no en Cataluña no hay «conflicto», sino un ataque de independentistas contra los que no lo son.

El manifiesto está firmado por Félix de Azúa, Andrés Trapiello, Francesc de Carreras, Teresa Freixes, Gonzalo Bernardos, Nuria Amat, Miguel Ángel Quintana Paz o César Nombela, entre otros.

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1- La sentencia del Tribunal Supremo núm. 459/2019 no ha agravado ninguna situación política, sino que ha sancionado penalmente, con todas las garantías procesales, los actos sediciosos cometidos en septiembre y octubre de 2017. No se «judicializa un conflicto de naturaleza política»: se juzgan graves delitos que apuntan al núcleo de nuestro orden constitucional.

2- Precisamos que, entre los 600 heridos de los que hablan nuestros colegas, hubo 288 agentes de los distintos cuerpos policiales. La peor parte se la llevó un Policía Nacional, a quien perforaron el casco de protección.

3) Recordamos que para explicar el golpe de Estado posmoderno que estamos viviendo hay que remontarse mucho antes de 2010: la construcción nacional comenzó hace tres décadas (cf. El Programa 2000, filtrado en 1990); y siguió en 2006 con una desleal propuesta de reforma del Estatuto (que exigía, entre otros puntos declarados inconstitucionales en 2010, integrar el insolidario principio de ordinalidad fiscal). Pero si se han de buscar las causas de un proceso que ha despertado al independentismo (estaba por debajo del 15% de la población catalana en 2006), haríamos bien en mirar hacia la codicia (disparada tras la crisis) de las élites económicas catalanas y la huida hacia delante de unos políticos ahogados en su propia corrupción desde 2012. Se aceleró entonces el proceso continuado de insurrección con la declaración de soberanía del Parlamento catalán en 2013 o el referéndum ilegal de independencia de 2014. Y así hasta llegar, en septiembre de 2017, al giro autoritario del poder nacionalista catalán, que decidió situarse por encima de las leyes vigentes, incluidas las garantías parlamentarias, estatutarias y constitucionales, para declarar unilateralmente la «desconexión» del resto del país y amenazar con «conflictos armados» y vías eslovenas si encontraban alguna resistencia.

4- Décadas de consentida construcción nacional iliberal les granjearon apoyos de amplios sectores sociales, universidades incluidas. Primero fueron dirigidos por asociaciones -como Omnium o la ANC– financiadas públicamente y cuyos dirigentes acabaron en escaños secesionistas: antes, durante y después del 1 de octubre llevaron a cabo ingentes métodos de acción no violenta, ideados por Gene Sharp para horadar la legitimación de cualquier sistema político, no necesariamente autoritario. Luego abanderaron la insurrección los CDR. Recientemente, al grito antidemocrático de «las calles serán siempre nuestras», se han organizado como Tsunami Democrátic. (Tras un año investigando, por cierto, la Policía detuvo a un grupo que fabricaba explosivos: los acusan de terrorismo). Pero parece, según investigaciones policiales y un sumario judicial en curso, que CDR’s pacíficos y violentos se coordinan de forma encriptada mediante RRSS y operan bajo un mando político único: ahí asoman el presidente Torra («apretad», les decía) o el ex presidente Puigdemont (que, desde el Consejo para la República, pide que continúen los disturbios).

En resumen: aquí no hay «conflicto» (comillas suyas); no del tipo al que aluden nuestros colegas. Hay un ataque de independentistas (41%) contra los catalanes que no lo son (49%). Además de un ataque reiterado, promovido por las instituciones catalanas, al ordenamiento jurídico español. Y no responde a ninguna agresión previa del Estado ni a ningún agravio cometido con los ciudadanos catalanes. Es más probable que se sientan agraviados en otras Comunidades Autónomas.

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5- Sostenemos que es el nacionalismo catalán el que ha polarizado la convivencia entre catalanes hasta casi romperla. Según el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, se produjeron 189 incidentes sólo durante el primer semestre de 2019, de los cuales 173 fueron obra de separatistas, el 91,5%. Y no se recogen los actos de octubre.

No es conflicto sino hostigamiento, voluntad antidemocrática de acallar y ahuyentar a los adversarios políticos.

6- Sabemos por la sentencia que la violencia (que se considera probada, aunque no en el grado funcionalmente necesario para constituir típicamente un alzamiento violento) del 20 de septiembre pretendía «demostrar a toda la sociedad, en pleno y acreditado concierto con los responsables gubernamentales, que los jueces y magistrados que ejercían su función constitucional en Cataluña, habían perdido la capacidad para ejecutar sus resoluciones». La estrategia, por la que «los acusados propiciaron un entramado jurídico paralelo al vigente y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas», era manipular a «los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana», pero «desconocían que el ‘derecho a decidir’ había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar«.

Ese «derecho a presionar» pasa por ensuciar la imagen de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (y, por extensión, del Estado), que tienen la delicada misión de hacer cumplir la ley contra gente, de todas las edades, dispuesta a impedir que rija dicha ley. La presión busca que otras potencias internacionales se posicionen ante una hipotética escalada de violencia, provocando una negociación entre un Estado democrático soberano y una de sus partes. Lo dejó claro Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC: la violencia «hace visible el conflicto». Lograrían así cauces procedimentales ajenos a nuestra Constitución, allanando la vía secesionista. Universidades de Girona y Barcelona han cambiado incluso sus planes de estudio de forma irregular para eliminar a mitad de curso la evaluación continua y sustituirla por una evaluación final: alientan a los estudiantes a seguir cortando infraestructuras críticas para aumentar la presión.

7- Entendemos que el Manifiesto al que respondemos se incardina en esta larga, compleja y medidísima estrategia de presión. Plantean negociar algo que ningún nacionalista puede arrebatar al resto de los españoles: decidir solidariamente sobre un territorio que, como el resto de España, es de todos y cada uno de los españoles. No piden, pues, unos «mínimos» (como afirman en su e-mail para solicitar adhesiones), sino que conceden la mayor al nacionalismo: el estatuto de interlocutor/sujeto político.

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8- Recordamos, finalmente, que en España hemos sufrido décadas de un terrorismo que siempre tuvo clara su estrategia tras cada atentado: emitían un breve comunicado razonando su hazaña y culpando al Estado: si éste no negociaba, no les dejaba más remedio que seguir asesinando. En privado lo llamaban «acción-reacción-acción en espiral ascendente». Cuanto más daño hicieran, más detenciones («represión», decían ellos) provocarían y más convencerían a los suyos del agravio sufrido por el «Pueblo vasco». Así, como ocurre ahora por otros medios, ellos mismos generaron ese «conflicto» que denunciaban. Pero, lejos de haber dos partes en conflicto, ocurrió que ETA asesinó a 858 ciudadanos para imponer su proyecto etnicista y totalitario. Ejemplarmente, al grito de «vascos sí, ETA no», la sociedad vasca -y, con ella, la española- supo aguantar las embestidas extorsivas de los negociantes de txapela, el chantaje de un proyecto antidemocrático en forma y fondo: la ruptura de la igualdad política entre conciudadanos.

9- Ahora como entonces, sin muertes y con mayor fuerza, los abajo firmantes no reconocemos la existencia de ningún «conflicto» ni admitimos ningún ámbito legítimo de negociación que no sea el Parlamento catalán o el Congreso, y siempre dentro de los cauces democráticos prescritos por nuestra Constitución. Cualquier mesa extraparlamentaria o negociación política bilateral sería una claudicación del Estado de derecho a la que ningún Gobierno puede ceder.