PARA EVITAR AL SUPREMO

El segundo grado, una vía muy beneficiosa para los golpistas

|

Las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas en las que cumplen sus penas los nueve presos del proceso separatista han propuesto su clasificación en segundo grado u ordinario.

En rueda de prensa, el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, dio a conocer la propuesta que las juntas de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Gerona) y Mas d’Enric (Tarragona) elevaron a la consejería de Justicia, dirigida por la republicana Ester Capella y que ahora dispone de dos meses de plazo máximo para ratificarla o enmendarla.

La ratificación de esa clasificación por parte de la Generalitat sería clave para iniciar los trámites encaminados a flexibilizar el régimen de los reclusos, mediante la aplicación de artículos del reglamento penitenciario, como el 100.2, que les posibilitarían salidas diarias para trabajar o hacer voluntariado y regresar a la cárcel solo a dormir, en condiciones similares a las de un tercer grado.

Es preciso señalar que la decisión de la junta de tratamiento de conceder el segundo grado penitenciario a los condenados podría ser más beneficioso para los líderes secesionistas de lo que a priori podría parecer, según analizan diversas fuentes jurídicas.

Si la Generalitat aprobara un tercer grado, lo que supone un régimen de semilibertad, la decisión sería con toda seguridad recurrida por la Fiscalía ante el juez de vigilancia y después, en apelación, ante el Tribunal Supremo. Dado que se habría concedido este tercer grado sin tan siquiera cumplir la mitad de la pena, sin haber pasado primero por un segundo grado, y sin haber obtenido ningún permiso al no haber cumplido ni la cuarta parte de la pena, lo más probable es que la resolución sería revocada. Eso cerraría las puertas a una nueva revisión de grado durante un largo periodo de tiempo.

Según recoge La Vanguardia, en teoría, no hay «ningún impedimento temporal» para conceder el tercer grado. Una vez que en la sentencia no se ha recogido la obligatoriedad de cumplir la mitad de la pena para obtener el tercer grado, tal y como solicitó la Fiscalía, se podría conceder siempre y cuando se cumplan otros requisitos como buen comportamiento o capacidad de reinserción social.