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LA TRAMA DE ARTUR MAS

¿España nos roba o robamos a España?

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La Generalitat de Cataluña proyectó quedarse con los 9.375 millones de euros de la denominada «deuda histórica» que, según los separatistas, el Gobierno de España mantiene con esta Comunidad.

Así consta en el documento ‘La distribución de activos y pasivos’ que fue interceptado a Víctor Terradellas -uno de los hombres de confianza del prófugo Carles Puigdemont- durante los registros policiales del caso Voloh, en el que se investigan las subvenciones opacas del Ejecutivo catalán a fundaciones afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

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Según publica Vozpópuli, el documento, redactado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional a la independencia de Cataluña, señalaba que los secesionistas habían planeado dejar de afrontar sus deudas si el Gobierno español «incumplía sus compromisos financieros y de inversiones tras la independencia».

Habían previsto que, en el caso de que el resto de España sufriera un colapso que hiciera imposible que el Ejecutivo central pudiera afrontar sus gastos, el Estado catalán estaría «legitimado para exigir la reducción de la deuda del Estado español que tenga que asumir en una cantidad equivalente» a la deuda histórica que en 2013 era de «9.375 millones», según consta en documento requisado por la Policía a Terradellas.

Los asesores de la Generalitat, entonces presidida por Artur Mas, consideraban que el nuevo Estado catalán «podría exigir compensaciones económicas por el incumplimiento de los compromisos financieros y de inversiones». Para conseguir este resarcimiento económico, el Govern centró sus ojos en todas las cuentas corrientes del Estado y otros instrumentos financieros.

«Actualmente, España dispone de 4.823 cuentas corrientes en diferentes entidades bancarias de todo el mundo: 423 en el propio Banco de España, 3.163 en entidades del sistema bancario español y 1.237 en entidades extranjeras. Aunque dependerá del organismo titular y de su finalidad, en principio podrían considerarse activos de Estado no territorializables. Por tanto, se deberían transmitir según el criterio de proporcionalidad y de forma equitativa con la transmisión de la deuda no territorializable del Estado», concluyeron los separatistas.

El Govern consideró que, si el resto de España no quisiera o pudiera transferir los activos que reclamara Cataluña, «el Estado catalán no tendría ninguna obligación de asumir su deuda o la obligación correspondiente».

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