HOSTIGAMIENTO DE 'EL PAÍS'

Fulgencio Coll: el honor de un militar

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El País ha iniciado una campaña de hostigamiento contra el general retirado Fulgencio Coll, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) entre 2008 y 2012 y actual portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por manifestar en un artículo publicado en la edición de El Mundo de Baleares que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es «un problema para la seguridad nacional» y que «los poderes del Estado» no deben permitir que «ponga impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado» o negocie «una reforma del Estado de contenido y alcance desconocidos (…) para quebrar el orden constitucional».

A Coll, que ha servido y obedecido en todas las ocasiones a gobiernos de partidos distintos y a los socialistas muy ampliamente, como no podía ser de otra forma en un militar, le acusa el diario ‘progre’ de «graves acusaciones» a Sánchez siendo evidente que sus socios son los que son y tienen, por ejemplo, a su líder encarcelado por un delito de sedición (Oriol Junqueras).

Aunque El País recuerda que al estar retirado «no está sujeto a las leyes disciplinarias castrenses», sí cree que «el hecho de que haya sido el máximo jefe militar del Ejército español hace solo siete años le presupone mayor responsabilidad».

En el artículo, Coll asegura que «España está políticamente enferma desde hace años». Y sitúa el origen en la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa en 2004. «Con Rodríguez Zapatero se abrió una época de políticos de segunda generación, que confunden la política con la técnica electoral, la frivolidad con algo consustancial a la acción de gobierno«, dice.

Además, acusa a Sánchez de «confundir una situación de insurgencia organizada con una alteración del orden público”, en alusión a los altercados en Cataluña tras la sentencia del proceso separatista; de poner «en peligro a los miembros de la seguridad del Estado para no caer en riesgos políticos»; de considerar “opcional su promesa de defender la Constitución”; o de caer «en la utilización de medios y actos de Estado como propaganda electoral». Todo ello, concluye, «puede constituir actos contra la seguridad del Estado».