LA COMISIÓN EJERCERÁ EL CONTROL

Iglesias ignora las exigencias europeas y vende el acuerdo como un respaldo al Gobierno

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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado este martes el acuerdo de «alcance histórico y sin precedentes» sellado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones para afrontar la crisis del coronavirus. Lo ha hecho ignorando que el programa de préstamos sí cuenta con una adenda que permite a la Comisión Europea ejercer cierto control en las partidas que ejecuta cada país.

El Ejecutivo tiene que mantener la flexibilidad del mercado laboral, es decir, aparcar indefinidamente la contrarreforma laboral y tomar medidas contra el constante incremento del gasto público en pensiones, un asunto que el líder de Podemos ha omitido. A su juicio, garantiza que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos podrá seguir aplicando su programa de «transformaciones» y «reconstrucción de lo público».

En un texto que ha publicado en las redes sociales, Iglesias ha destacado que el acuerdo alcanzado para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia «va en una dirección diametralmente opuesta» a la respuesta que se dio a la crisis de 2008, y que parece que la UE ha aprendido la «lección», aunque también ha reconocido que «no va todo lo lejos» que le hubiera gustado.

Iglesias cree que este acuerdo «no solo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones en clave de recuperación de derechos y reconstrucción de lo público» que contemplaba el acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE y Unidas Podemos. En este sentido, ha calificado el acuerdo como «un ambicioso plan de estímulos fiscales». También ha señalado que es un inicio para evitar el retorno a la «austeridad fiscal» y promueve la «condicionalidad blanda».

Es preciso señalar que el acuerdo contempla que, si un país de la Comisión Europea cuestiona el modo en que otro gasta el dinero, el pago de las ayudas se bloqueará hasta que el organismo aborde la cuestión y resuelva qué ocurre con el programa al que se pretende destinar el dinero.

Nuestro país va a contar con “aproximadamente 140.000 millones de euros”, de los que 72.700 millones serán en transferencias y el resto en préstamos, lo que en la práctica supone casi 5.000 millones menos en subsidios a fondo perdido.