QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Juristas piden impugnar ante el TC el decreto del estado de alarma por ‘inconstitucional’

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Un grupo de juristas presentó este domingo una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto del estado de alarma promulgado por el Gobierno de Pedro Sánchez debido a la pandemia del coronavirus al considerar que se asiste a «la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia».

Catedráticos de Derecho Constitucional, profesores universitarios, exjueces y abogados solicitaron al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que formalice la interposición inmediata de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el tribunal de garantías frente a la normativa desarrollada por el Ejecutivo desde que se declarase el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Según recoge El Mundo, la extensa queja formulada se sustenta en «una grave preocupación por el estado de deterioro que sufre el sistema de libertades» de los españoles ante la «suspensión generalizada, universal, y permanente de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución», que no encuentra cobertura «jurídico-constitucional en el estado de alarma».

Los juristas denuncian que el decreto del estado de alarma «ha supuesto una grave suspensión general del derecho fundamental a la libre circulación consagrado en el artículo 19 de nuestra Carta Magna al contener una prohibición global en cuanto a situaciones, personas y lugares, lo que desborda la previsión normativa contenida en la Ley para el supuesto del estado de alarma. Por lo que con la suspensión del derecho a la libre circulación nos encontramos en una situación práctica recogida para el supuesto de estado de excepción».

Sostienen que si bien el legislador dedicó la definición de epidemia y crisis sanitaria al estado de alarma, la puesta en marcha de los mecanismos legales y jurídicos por el Ejecutivo actual «exceden de gran manera» las disposiciones y limitaciones contenidas para ese supuesto, teniendo un mejor encaje interpretativo en el estado de excepción por la suspensión de derechos fundamentales. «Esta extralimitación constitucional de la norma prevista para el estado de alarma, cuando de facto se está aplicando un estado de excepción pero sin ser aprobado, convierte la suspensión (que no limitación) del derecho fundamental a la libertad de circulación de todos los ciudadanos en nula de pleno derecho», añade.

Y prosiguen: «Un real decreto que hurta la competencia al Congreso de los Diputados para autorizar previamente la declaración del estado de excepción para suspender derechos fundamentales, supone una vulneración flagrante del marco constitucional y de nuestro Estado de Derecho».

Al mismo tiempo advierten de que «el artículo 9.3 de la Constitución expresamente prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, los cuales se encuentran sujetos a las mismas normas y leyes que nos rigen al conjunto del Estado». En este sentido, explican que al ser la situación lo «suficientemente grave como para haber acordado el estado de excepción con todas las garantías que la norma reconoce» y, por el contrario, al no haberse hecho las medidas adoptadas en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y la normativa posterior aprobada en ese escenario, tanto el real decreto ley como varias de las órdenes ministeriales dictadas son «inconstitucionales y por ende, nulas de pleno derecho».

Por tanto, argumentan, «no puede escapar de la necesidad de plantear ante el Tribunal Constitucional, como máximo tribunal de garantías, el control jurisdiccional de la normativa que aprueba el estado de alarma».

Asimismo, denuncian que el estado de alarma en vigor ha afectado a la suspensión de los derechos de reunión y manifestación, a la paralización del normal funcionamiento del Congreso de los Diputados y del sistema de control político sobre el Ejecutivo, a la suspensión del derecho de libertad religiosa, así como a la suspensión del ejercicio del derecho de la libertad de empresa.

Finalmente, en la queja sostienen que si finalmente el decreto del estado de alarma y demás normativa posterior aprobada resultan ser «declarados anticonstitucionales o contrarios al ordenamiento jurídico», lo mismo ocurre con las sanciones derivadas del incumplimiento de las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma, que necesariamente se contaminan y se convierten también en inconstitucionales y por ende, en nulos «sin que puedan surtir ninguna clase de efectos las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad» durante el confinamiento.

Los firmantes del documento son Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela; Carlos Vaquero López, ex juez, profesor universitario y abogado; Santiago Carretero Sánchez, profesor universitario y abogado; Miguel Ángel Salom, graduado social y abogado; y los letrados Rafael Abati y Sergio Nuño Díez de la Lastra.