TRAS MÁS DE 500.000 SANCIONES

La Abogacía del Estado cuestiona las sanciones de Interior por burlar la cuarentena

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Más de medio millón de sanciones impuestas por las Fuerzas de Seguridad por incumplir el confinamiento podrían quedar en nada. Un informe de la Abogacía General del Estado sostiene que las multas previstas en la Ley de Seguridad del Estado sólo pueden imponerse a los «pillados» por los agentes que, además, se resistan a obedecerles.

Un informe firmado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, dictamina que para multar con la Ley de Seguridad Ciudadana no basta con el mero incumplimiento por parte de los ciudadanos de las restricciones de movilidad impuestas por el Estado de Alarma por pandemia de coronavirus, sino que es necesario que éstos desatiendan las órdenes que les den los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de forma expresa e individualizada.

El citado informe, que tiene fecha del pasado 2 de abril, se ha realizado a requerimiento de varias delegaciones del Gobierno y analiza el marco jurídico a aplicar por las fuerzas y cuerpos de seguridad en el caso de incumplimiento de las restricciones a la movilidad respecto a tres leyes diferentes, la de Seguridad Ciudadana, la Ley General de Salud Pública y la del Sistema Nacional de Protección Civil.

El documento, de 11 páginas concluye que el mero incumplimiento de las limitaciones impuestas por el Estado de Alarma por pandemia de Covid-19 no puede ser calificado automáticamente como infracción de desobediencia previsto en el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad de 2015, pues se precisa que el ciudadano, habiendo incumplido las medidas, desatienda el requerimiento «expreso e individualizado» que le haga el agente que le haya descubierto.