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EL INFORME, CUANDO PROCEDA

La Abogacía del Estado y la quiebra del Estado democrático. Por Julio Ariza

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El primer paso para llegar a un Estado Fallido es que las instituciones dejen de serlo y pasen a ser otra cosa distinta, una organización al servicio de un interés que no es el interés general y de un aparato que no es el del estado sino, pongo por caso, el de un partido. Cuando eso sucede, las instituciones pierden primero la legitimidad del poder y después acaban perdiendo su vigencia, se hacen prescindibles. El PSOE, que detenta un gobierno meramente en funciones, provisional, interino, que no puede realizar actos que vayan más allá de la mera administración ordinaria de la cosa pública, está poniendo todo el aparato del estado, ilegítimamente, en claro abuso del derecho y en clara contravención constitucional, a su exclusivo servicio partidista para lograr la investidura. No solo rompe la vieja neutralidad administrativa española, aquella eficacia indiferente de la que hablaban los clásicos, sino que pugna por el poder con absoluta desigualdad y abuso de posición, rompiendo los necesarios equilibrios constitucionales.  

Más allá del contenido político de la negociación, lo que está haciendo el PSOE con el aparato del Estado y con las instituciones democráticas españolas poniéndolas groseramente al servicio del interés personal de Pedro Sánchez es totalmente indecente. Pero es indecente también el lacayismo en que están incurriendo algunas de esas instituciones. 

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ERC le ha exigido al PSOE, para darle su apoyo e investir a Sánchez como presidente del Gobierno, que la Abogacía del Estado elabore un informe favorable a la puesta en libertad de Oriol Junqueras. La vicepresidenta del Gobierno ya ha dicho que el gobierno “en funciones” quiere ayudarse a sí mismo como partido para que la Abogacía del Estado ayude a su vez al Tribunal Supremo a interpretar la Sentencia del TJUE, y éste ayude a Junqueras a salir de la cárcel, para que ERC ayude a su vez a Sánchez a ser Presidente. ¿Cómo se puede jugar así con el servicio jurídico del estado y con el Tribunal Supremo?  La Abogacía del Estado es un cuerpo jurídico de funcionarios del estado, no del PSOE, y por tanto se deben a la defensa del derecho, de la administración pública y del interés estado, y meterla en la melé negociadora con la ERC es no solo un disparate, sino un ataque frontal a su independencia de criterio jurídico y a su propio prestigio funcionarial. La Abogacía del Estado, como la Inspección de Trabajo o la de Hacienda, o como el Cuerpo Técnico del Estado, el Cuerpo Diplomático o la Guardia Civil, no está para echarle cables desde el aparato estatal a un partido que quiere llegar al gobierno y necesita los votos de la ERC, sino para defender el orden jurídico y el interés general. Cuando esos Cuerpos de altos funcionarios se ponen al servicio de un partido que ni siquiera ésta en el gobierno, más que en funciones, la quiebra el Estado democrático es evidente y se rompe todo la lógica weberiana de la Administración Pública. Sánchez no puede poner al servicio jurídico del estado, repito, del estado, al servicio de su partido.

Es indecente que la Abogacía del Estado tenga que elaborar su informe al ritmo marcado por los tiempos de la investidura, y que lo haga. Es indecente que esa sea la herramienta que utilice el PSOE para calmar a Rufián. 

Y es un pésimo síntoma de lo que está ocurriendo en este país, cuyas instituciones han sido ilegítimamente puestas al servicio de un proceso político de desintegración del orden constitucional. No piense la Abogacía del Estado que de esta felonía se sale bien parado. ¿Imaginan que Junqueras tuviera abierta una inspección de hacienda en toda regla y que la ERC pidiera al gobierno, siempre en funciones, para darle sus votos, que se cerrara favorablemente a los intereses del líder catalán, y que la AEAT lo hiciera? ¿O que el Sr. Junqueras fuera un empresario con acta de la inspección de trabajo levantada, y lo que se exigiera fuera su sobreseimiento? No hace falta seguir.

La Abogacía del Estado es un cuerpo de larga trayectoria y merecido prestigio. Con esas cosas de comer, no se puede jugar. Aunque lo diga el PSOE, lo requiera Sánchez y lo jalee El País. No se puede dejar. No puede pasar a la historia como el Cuerpo que no se plantó. El informe, cuando proceda. Y no puede, si quiere la abogacía mantener esa neutralidad institucional, proceder antes de la investidura, sino, para ser exquisitamente democráticos, solo después.

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