La Justicia como espectáculo

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Hemos pasado una semana de auténtico calvario judicial y mediático. Al parecer, los juicios ahora deben ser retransmitidos para alimentar el morbo de las gentes, las cuentas de resultados de las grandes cadenas, la fama de los abogados y la celebridad de los jueces. La tragedia de las personas se ha convertido en un negocio y la justicia en un espectáculo de masas, como en los mejores tiempos de las ejecuciones públicas. 

Desde este medio queremos dejar constancia de nuestra oposición a esa práctica nefanda que hurta la tranquilidad, la serenidad, la intimidad, incluso la soledad que debe rodear a los protagonistas de todo proceso judicial. Un testigo no puede declarar bajo presión, sabiendo que media España le escucha, y que sus vecinos, amigos, enemigos y  conocidos, están pendientes de los términos de su declaración. No puede temer salirse del guión establecido por lo políticamente correcto o por la propaganda que pueda emitir una cadena de TV. Un imputado no puede reconocer o negar los hechos ante medio mundo. Un fiscal no puede preguntar bajo la atenta mirada de los tertulianos y el ávido afán de millones de inquisidores televidentes. Un jurado, un juez, no pueden hacer justicia cuando los telediarios de todo el país, los supuestos expertos en la materia que son entrevistados, las ONGs que saltan voluntarias al ruedo de las opiniones y las presiones, los corresponsales, los tertulianos, los presentadores de los telediarios, han ido dictando su peculiar sentencia por delante.

La justicia popular no es justicia, es populismo judicial. La retransmisión de los juicios por TV es una quiebra además de la división de poderes, en la que el llamado cuarto poder, la prensa, entra sin rubor en el terreno judicial y lo pretende suplantar con su presión a los cuatro vientos.  

Esta semana ha vuelto a pasar. La maquinaria de triturar carne humana en que se han convertido las grandes televisiones del sistema han sometido al indefenso telespectador a la congoja –y al bochorno- de la retransmisión de un juicio, el del asesinato de Diana Quer, que nunca debió ser retransmitido. Nunca debimos ver la cara de El Chicle, ni conocer los detalles de la tortura y muerte de la joven, ni los pormenores de su infortunio personal y familiar, ni las imágenes del perro descubriendo el lugar donde yacía el cuerpo muerto de una víctima a la que un esperpéntico derecho a la información (que se ha convertido en el derecho al cotilleo) ha robado la intimidad para siempre. Diana Quer tenía derecho a que su tragedia permaneciera en el ámbito de su esfera personal y familiar. Tenía derecho a que millones de españoles no supieran la espantosa relación entre sus padres, a que nadie supiera que su madre padece o no tal adicción, o que su familia ha quedado completamente destruida, rota, sonada para siempre, como es inevitable. Las víctimas también tiene derechos. El hecho de que un criminal se cruce en su vida y acabe trágicamente con ella no puede suponer que, además de soportar dicho infortunio, tenga que convertirse en pieza de picadora para ser trituradora ante las masas. Llevamos varios años con esto. Diana Quer es el último caso, pero no el único. Antes fue la pérfida Ana Julia y el crimen del pequeño pececito. O el del niño de Granada desaparecido en lo hondo de un pozo y la posterior pelea entre familias. O el del asesinato de la viuda de la CAM (a cuyo yerno, por cierto, todas las grandes TV condenaron y luego ha resultado ser inocente, sin que las mismas TV hayan dedicado similares espacios a rectificar su injuria). 

Una justicia retransmitida es una justicia fallida. 

Una cosa es que las audiencias sean públicas y otra distinta es que sean universales y que esa publicidad sirva para convertir la justicia en un circo. Una cosa es que quien tenga interés pueda acudir al proceso y otra distinta es que los procesos judiciales entren en nuestros salones, pasen a formar parte de las cuentas de resultados de las cadenas televisivas, rompan el derecho a la intimidad del victimario, pongan a la intemperie las miserias personales y familiares de personas a las que se desapodera de los más elementales derechos fundamentales (a la intimidad, al honor, a la propia imagen, etc) y se conviertan en instrumento de destrucción de personas y vidas.

Muy mal anda el país. Políticos incompetentes y sectarios. Jueces estrella. Policías serviles. Juicios populistas. Medios de comunicación para la infamia y el resentimiento. Una Corona al borde del abismo, un Parlamento imposible, un Gobierno de Frente Popular, una Justicia secuestrada por los medios de comunicación. Un Estado fallido.