HAY QUE ACUDIR A LOS TRIBUNALES

La privatización de la Justicia y el derecho a la censura. Por Julio Ariza

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¿Quién podía llegar a imaginar que el mundo de la globalización, de la supuesta economía de libre mercado, de las sociedades teóricamente abiertas, de las nuevas tecnologías de la información, de las redes sociales, del relativismo cultural, quién podía llegar a pensar que ese sistema de tolerancia total iba finalmente a convertirse en un mundo sometido a mordaza, controlado por la izquierda para ejercer la censura en nombre de la verdad (su verdad, naturalmente) desde las grandes empresas multinacionales del capitalismo oligárquico, para controlar informaciones y anular el pensamiento diferenciado? Probablemente Huxley, con toda seguridad George Orwell y quizás algún visionario apocalíptico más llegara a pensar que bajo una pátina de gran tolerancia las sociedades de la información podían llegar a ser unas de las más intolerantes de todas. 

Twitter ha censurado a un partido político español que es la tercera fuerza política del parlamento nacional por haber publicado un mensaje airado contra la portavoz del grupo socialista que previamente había publicado otro mensaje igualmente airado contra VOX. No es la primera vez que una de estas redes sociales, Twitter, Facebook, la que fuera, expulsa a las tinieblas exteriores a personas, públicas o privadas, medios de comunicación, páginas web, etc, por un supuesto pseudo delito de opinión, o de odio (percha mágica esta para tapar a menudo la boca al disidente). Nótese que, de haber sido delito, habría exigido la intervención de un tribunal y que, de no serlo, Twitter no es nadie, repito, nadie, no tiene legitimidad democrática alguna, de ninguna clase, para ejercer de policía administrativa de la corrección en la red.

Twitter es una red social de tránsito público, no privado, cuya existencia cumple una evidente función social y en consecuencia debe ser públicamente sometida a escrutinio. Es privada, sí, la propiedad de los medios de producción, el beneficio, la plusvalía, pero no es una red soberana que pueda actuar al margen de los derechos de los ciudadanos y del control de los estados, como si se tratara de un supra-estado virtual,  y como toda propiedad cumple una función social que no puede ser abandonada por el sector público, único legitimado para regular o limitar el ejercicio de derechos y libertades. ¿Alguien imagina al hipotético dueño de los quioscos de prensa prohibiendo la distribución de según qué periódicos? Twitter, por muy dueña que sea del motor que acciona la red, no puede ejercer una especie de jurisdicción privativa, privatizada, exclusiva, sobre la libertad de expresión de los ciudadanos, la libertad de información y el derecho de participación en los asuntos públicos. Twitter, como Facebook, Linkedin, Instagram o la que fuera, puede ser una gran red social de indudable utilidad pero no puede anular los derechos y libertades constitucionalmente consagrados y jurisdiccionalmente tutelados, arrogándose una especie de jurisdicción universal -urbi et orbe- sobre la red.

Hoy la red forma parte del ecosistema político y social y no puede expropiar el derecho a la opinión. No estamos ante un supuesto de autorregulación porque sus decisiones afectan a derechos fundamentales y al libre desenvolvimiento del sistema democrático, y porque además no pretende regular su propio funcionamiento sino el de los usuarios que, además, mire Ud. por donde, son ciudadanos. La censura es siempre reprobable, pero la censura privada es la más reprobable de todas las censuras. 

Todos los que nos dedicamos al mundo de la información debemos alzar la voz. Todos los que se dedican honestamente a la política deberían igualmente alzar la voz ante tamaño atropello. ¿Quién es Twitter, Facebook o Instagram para juzgar, interpretar y expulsar del sistema a un partido político o a un medio de comunicación? Son un mero mecanismo informático que debería ser totalmente neutral. Su tráfico debería ser controlado solo por jueces y tribunales, no por empresas privadas.

El asunto se convierte en especialmente grave cuando la propia red Twitter, como Facebook, contrata para llevar a cabo esa tarea de policía censora a otra empresa privada ligada a una de las periodistas más conocidas del periodismo español, con sus propios intereses, ideología, filias y fobias, como todo el mundo. Newtral es la empresa ligada a la periodista Ana Pastor (La Sexta) que ejerce esa función de censura y expulsión del sistema. De tal manera no es solo la todopoderosa periodista de la cadena de la izquierda, sino que además es la todopoderosa reguladora del tráfico informativo en España. No solo estamos ante un flagrante conflicto de intereses (en Twitter eso no parece importar demasiado) entre la periodista y esa función de policía de opinión que desarrolla en las redes su empresa, sino que cualquier cabeza mínimamente ponderada y ecuánime puede llegar a entender que para que exista juego limpio no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Esa práctica deleznable no es solo responsabilidad de Newtral y sus propietarios, sino también de Twitter. Por eso hay que empezar a acudir a los tribunales españoles: jurisdicción constitucional, civil, penal, mercantil. Es un abuso intolerable que se lleva a término aprovechando un vacío legal. España es un Estado de Derecho (¿lo es?), los ciudadanos tienen derecho y libertades garantizados (¿los tienen?) y solo los tribunales de Justicia pueden limitar el ejercicio de dichos derecho por supuestas comisiones delictivas, pero no otras instancias privadas. La privatización de la Justicia no estaba en el programa de la izquierda. La censura lo ha estado históricamente casi siempre.